El Gobierno investiga cómo financia Carles Puigdemont su estancia en Bruselas: quiere asegurarse de que no está empleando dinero público. El expresident aclaró ayer la cuestión en una entrevista en la radio: "Esto lo pagamos nosotros y gente de nuestro entorno que pone dinero". Y se permitió ser irónico: "Ni un euro público, ni un euro de la Gürtel, ni de Florentino Pérez, ni de los que han pagado la campaña de Cs, ni de los bancos y empresas que se han ido de Cataluña".

Fuentes del Gobierno avanzaron el jueves, después de la renuncia de Puigdemont a ser candidato a la investidura, que el Ejecutivo del PP estará vigilante para impedir que "un fugado de la justicia viva a costa del erario público" y ayer añadieron que ya está investigando las fuentes de financiación del líder independentista en la capital belga.

Pero el Gobierno también va a vigilar la estructura paralela que ERC y Junts per Catalunya (JxC) intentan acordar para dar a Puigdemont "legitimidad" y el papel protagonista en la representación internacional del procés: el llamado "espacio libre de Bruselas", con un consejo de la república, una presidencia y una asamblea de representantes. Proyecto que el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, consideró ayer un "imposible".

"Las estructuras institucionales de cualquier comunidad autónoma son las previstas en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Lo otro es fantasmagoría, no tendrá ninguna efectividad. No habrá un euro del erario público para sufragar esas actividades", advirtió.

Por otra parte, el Gobierno calcula que la Consejería de Exteriores, que dirigió Raül Romeva, gastó a lo largo del año pasado unos 29 millones en actividades relacionadas con la internacionalización de la causa independentista, casi la mitad del presupuesto del área: 64 millones.

El Gobierno aún tiene pendiente la liquidación de Diplocat, la principal herramienta diplomática del procés. Su disolución está pendiente de que se resuelva el expediente de regulación de empleo, que afecta a 38 personas y de la denuncia del contrato de alquiler, que está vigente hasta fin de año, para poder concluirlo en abril.