Anna Gabriel plantó ayer al juez del Supremo Pablo Llarena, ante el que debía haber comparecido como imputada, y el magistrado libró contra ella una orden nacional de detención, pero no internacional, como le había pedido la Fiscalía, con lo que la exdiputada de la CUP solo será arrestada si pisa suelo español. Gabriel anunció el martes que se instala en Suiza y que, si el Gobierno pide su extradición, ella solicitará asilo político en la Confederación Helvética.
El Ejecutivo suizo hizo saber enseguida, sin haber recibido comunicación alguna desde Madrid, que rechazará la entrega de la exparlamentaria, ya que España reclama a Gabriel por un "delito político", y aunque los tipos penales de rebelión y sedición tienen su equivalente en el Código Penal helvético, en Suiza un delito político solo es motivo de extradición si se ha cometido por medios violentos; así, el genocidio o los crímenes de guerra.
El portavoz del Departamento de Justicia, Folco Galli, lo explicó al diario local "Le Temps", el mismo al que Gabriel recurrió la víspera para acusar al Gobierno de perseguirla por motivos políticos y anunciar que se quedará en Suiza porque en España la justicia es parcial. "Se trata, con toda probabilidad, de un delito político. Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos", aseguró Galli.
La propia exdiputada de la CUP remachó la argumentación en una entrevista a la televisión catalana TV3: si el Gobierno de Mariano Rajoy pide su extradición, se demostrará que se la "persigue por una situación política". Y añadió: "Es evidente que no ha habido rebelión armada y violenta y, por tanto, el fundamento de los delitos que se nos pretende atribuir no existe, es una persecución política".
La Fiscalía del Supremo pidió ayer a Llarena que librara una orden de busca y captura internacional y solicitara la detención preventiva de Gabriel a los efectos de cursar, después, la demanda de extradición a Suiza. Pero el juez que instruye la causa contra los rectores del procés no dio pasos hacia la extradición, sino todo lo contrario, al limitar al territorio español el ámbito de la orden de detención.
La de ayer es la segunda vez que Llarena rechaza cursar órdenes internacionales de detención pedidas por la Fiscalía. Una orden internacional de arresto contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se fugaron con él a Bélgica fue dictada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero cuando la causa llegó al Supremo, Llarena dejó solo en vigor la orden de arresto nacional. En enero, además, se negó a activar una euroorden con ocasión de un viaje del expresident a Dinamarca.
Llarena, además, dio diez días de plazo a la "número dos" de ERC, Marta Rovira, para que abone los 60.000 euros de fianza que le impuso el lunes después de declarar como imputada.
Entre tanto, el Parlamento federal belga, alegando falta de consenso, denegó a los nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) el uso de una sala para que Carles Puigdemont tomara parte en un coloquio sobre Cataluña el próximo martes.
