El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no ve motivo para que Suiza niegue la extradición a España de la dirigente de la CUP Anna Gabriel, que ha huido a ese país para no comparecer ante el Tribunal Supremo, si así lo solicita el alto tribunal.

"No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona investigada por el Supremo", ha manifestado Catalá a los periodistas a su salida del Pleno del Congreso.

El titular de Justicia ha explicado que España tiene un tratado de con Suiza en el que se establecen las circunstancias en las que se pueden conceder las extradiciones y que si el juez español solicita la entrega de Gabriel por los delitos que le atribuya, el Ministerio de Justicia lo tramitará a la autoridad administrativa suiza, que a su vez lo enviará al juez competente.

"Habrá que ver qué delitos en su caso se le imputan y ver si existe el principio de la doble incriminación, esto es, si los delitos por los que se le pueda hipotéticamente acusar en España son delitos existentes en Suiza", ha recalcado.

Catalá ha subrayado que si todo eso funciona, "no hay que prever dificultad", aunque, de entrada, ha destacado que el Código Penal suizo es "propio del siglo XXI, como el español, en el que existen los delitos de traición a las instituciones y al Estado. "El derecho de extradición es propio de los Estados de Derecho", ha apostillado.

Esta mañana, a las 9.30 horas, y tal como anunció su defensa, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel no se ha personado en el Tribunal Supremo para declarar como investigada por los delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos que le imputa indiciariamente el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa contra el 'procés' que propició la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Pasada la hora de la citación únicamente se habían personado ante el juez las acusaciones particular representada por la Abogacía del Estado y la popular ejercida por Vox, según las mismas fuentes, que acudieron al mantener el juez la convocatoría. Faltaba la Fiscalía, que no ha revelado por el momento si solicitará orden internacional de busca y captura.

La acusación popular ejercida por Vox sí ha solicitado ya que se dicte orden de detención nacional e internacional contra la exdiputada de la CUP.

Por su parte, fuentes jurídicas han señalado que la secretaria del Juzgado ha levantado acta de incomparecencia a las 10.00 horas, tras constatar que habían pasado 30 minutos y Gabriel no aparecía. Este acta ha sido después entregada al magistrado instructor, que esperaba en su despacho, y que podrá entonces acordar lo que considere oportuno al respecto.

La defensa de Gabriel comunicó este martes por escrito que la exdiputada no acudiría a declarar y su intención de permanecer en Suiza, país al que llegó hace varios días, al entender que en la causa que la investiga "no existe derecho a un juicio justo".

La defensa considera que sus derechos fundamentales se verían gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente su participación en el presente procedimiento". Gabriel es la segunda integrante de la CUP citada a declarar en esta causa: la primera, la también exdiputada Mireia Boya, sí compareció ante el Supremo la semana pasada y fue puesta en libertad sin medidas cautelares.

Se trata además de la sexta investigada en esta causa que huye de la justicia después del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de cuatro de sus exconsejeros, quienes permanece en Bélgica desde finales de octubre y para quien Llarena desactivó la orden de detención internacional que había dictado inicialmente contra ellos la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue la que comenzó a investigar inicialmente los hechos.