El Ministerio del Interior ha compensado por primera vez con 3.076.656 euros a los amenazados por terrorismo de acuerdo a la Ley de Víctimas del Terrorismo, según confirman a Europa Press fuentes de este Departamento. El Consejo de Ministros ha sido informado de los 148.007.960 euros asignados a indemnizaciones y ayudas a víctimas del terrorismo entre 2012 y 2017.
El titular del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dado cuenta en el Consejo de Ministros de este viernes de las partidas económicas contempladas en ley de Víctimas del Terrorismo, cuyo reglamentó incluyó en 2013 como novedad que las personas amenazadas por el terrorismo desde 1960 pudieran ser compensadas con carácter retroactivo.
El informe, según explican las citadas fuentes, ha recogido datos sobre el plan para la reinserción laboral de las víctimas del terrorismo, así como el que se ha empezado a desarrollar en centros educativos para explicar a los alumnos el verdadero relato de la lucha contra el terrorismo de ETA. 52 colegios de la Comunidad de Madrid han participado de este plan que tiene previsto extenderse a La Rioja en abril.
El Reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo permite a las víctimas reclamar la diferencia entre las ayudas inicialmente recibidas y su cuantía actualizada, así como reclamar nuevos conceptos de indemnización incluidos en la legislación. El Gobierno calculó en 2013 que en ello gastaría alrededor de 77,5 millones de euros en los próximos dos años.
El texto fue presentado por el entonces responsable la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz, que explicó que el retraso de un año y medio respecto a la previsión inicial se debió a la necesidad de realizar cambios legales que garanticen el cumplimiento del reglamento y delimiten los requisitos para los beneficiarios, excluyendo que se pudieran beneficiar terroristas.
Los esfuerzos del Ejecutivo centraron en 'blindar' que la norma "cerrara la puerta" a que los terroristas pudieran acogerse como beneficiarios de ella. "La Ley ha llevado a cerrar la puerta a cualquier resquicio legal que pudiera existir para que pudieran ser beneficiarios de las ayudas quienes no fueron víctimas sino que hicieron sufrir", señaló Fernández Díaz, que defendió que esto hubiera supuesto un "sarcasmo" lejos de la voluntad del legislador.
