El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pidió ayer por escrito al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), que active la cuenta atrás de dos meses para la investidura de un presidente de la Generalitat. En el escrito, Iceta propone a Torrent que abra una nueva ronda de contactos con los grupos para proponer a otro candidato que no sea el expresidente Carles Puigdemont. La Mesa del Parlament, que se reunirá hoy, no tiene previsto abordar la solicitud de Junts per Catalunya (JxCat) para reformar la Ley de la Presidencia de modo que permita una investidura a distancia de Puigdemont.

Iceta pide que en caso de no ser posible una nueva ronda de consultas se establezca "un mecanismo o decisión parlamentaria que permita abrir el plazo de dos meses que la ley prescribe para que se produzca" la investidura.

El escrito de Iceta llega después de que los letrados del Parlament hayan dictaminado que el plazo de dos meses para la investidura no ha empezado a correr porque todavía no se ha producido la investidura fallida de un candidato. Pero en el informe los letrados advierten que la situación de bloqueo no se puede alargar "sine die" y que le corresponde principalmente a Torrent activar la cuenta atrás, bien sea proponiendo otro candidato o bien comunicando al pleno que no puede haberlo.

Los juristas añaden que, en caso de que Torrent no tome la iniciativa, pueden hacerlo los grupos, aunque apuntan que se puede esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva las alegaciones del Parlament sobre el recurso presentado por el Gobierno al nombramiento por Torrent de Puigdemont como candidato a la investidura.

En el frente judicial, el exconsejero de Gobernación Joaquim Forn dio ayer un paso tendente a justificar la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la jornada del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La defensa de Forn ha remitido al juez del Supremo Pablo Llarena un escrito en el que le pide que cite al actual responsable de los Mossos, Ferrán López, para que explique "lo realmente acontecido" ese día.

Forn pretende poner de manifiesto que las declaraciones efectuadas el 1 de febrero por el alto mando de Interior que coordinó el dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, fueron inexactas. La defensa quiere probar que el acuerdo alcanzado con Pérez de los Cobos limitaba a dos los mossos presentes en cada uno de los 2.200 centros de votación, que esa cifra se cumplió y que, por lo tanto, no hubo pasividad por parte de Forn ni de sus subordinados.