La Fiscalía de Valencia investiga al departamento que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra por fraccionamiento de contratos, que sumarían 43,7 millones de euros, en servicios de limpieza de centros sociales. La apertura de diligencias por el ministerio público responde a una denuncia del PP, que considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación. Los populares piden que sean llamados a declarar los funcionarios de la Intervención de la Generalitat que fiscalizaron los acuerdos objeto de sospecha, además de quienes tuvieron participación directa en ellos, como la propia vicepresidenta y el resto de miembros del Gobierno valenciano presentes en los plenos del Consell que autorizaron pagos.
Mónica Oltra está al frente de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y es vicepresidenta en el Ejecutivo autonómico que encabeza Ximo Puig en virtud del acuerdo de gobierno entre los socialistas y Compromís
La denuncia del PP considera que existe "fraccionamiento ilegal para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de intervención". Apunta además que hubo "recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto para evitar cualquier tipo de contratación administrativa, así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención". El fraccionamiento fue una "práctica constante de la Consellería" de Oltra, algo que dejó "sistemáticamente" de manifiesto la Intervención de la Generalitat, según los populares valencianos. De forma reiterada, añaden los denunciantes, se contrató "por pequeños períodos y con la mismas empresas de servicios tales como el de limpieza de distintos centros sociales" siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros) pero fraccionados "en claro fraude de ley". Además, Mónica Oltra aprobó el reconocimiento de la obligación de pago en vía de enriquecimiento injusto a mercantiles de habitual contratación de su departamento hasta sumar 43,7 millones de euros, tal y como reflejan 16 expedientes con importes que oscilan entre los 369.830 euros hasta los 7,8 millones, autorizados por el Ejecutivo autonómico en distintas sesiones plenarias.
El PP, que califica de "verdaderamente escandaloso" el importe, considera en su denuncia que con el procedimiento seguido "se priva a la Intervención de la Generalitat de la fiscalización de los contratos al no haber existido". Esta circunstancia supone un "menoscabo a la Hacienda Pública" y un "coste mucho mayor para la administración de la Generalitat".
Las secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, afirmó ayer que con la denuncia ante la Fiscalía de los fraccionamientos de contratos su partido "ha ejercido su responsabilidad de control" de la gestión del Consejo autonómico y de los recursos públicos, según Europa Press.
