Carme Forcadell, la que fuera presidenta del Parlament, alegó en su defensa ante el juez Pablo Llarena, instructor en el Tribunal Supremo, de la causa contra los líderes del proceso soberanista que no leía las propuestas que le llegaban y se limitaba a tramitarlas para someterlas a la Cámara. Carme Forcadell reconoció además que los letrados de la Cámara autonómica le advirtieron sobre las leyes que no se podían tramitar por estar anuladas por el Tribunal Constitucional, pero atribuyó esos avisos al afán de "autoprotección" y al "exceso de celo" de los juristas parlamentarios.
Para desmontar las argumentaciones de la expresidenta sobre el desconocimiento del contenido de las propuestas que llegaban a la Mesa, la fiscal Consuelo Madrigal le preguntó si habría dado curso a una iniciativa para legalizar la esclavitud, a lo que Forcadell respondió que no lo tramitaría por ir en contra de un derecho fundamental. La expresidenta del Parlament reconoció también, en su intento de evitar la prisión, que la declaración de la república catalana fue " política, simbólica" y "sin efectos jurídicos".
Otro 9-N
Los líderes investigados en la causa judicial contra el proceso soberanista estaban convencidos de que el referéndum ilegal del 1 de octubre iba a ser una consulta similar a la del 9-N. Así los declararon, entre otros, ante el juez Llarena los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Para justificar sus llamamientos a acudir a las urnas el primero de octubre, los líderes soberanistas aseguraron ante el magistrado que confiaban en que el referéndum se iba a desarrollar en circunstancias similares a la consulta del 9-N y no se iban a producir situaciones de violencia. Los encausados pretenden ignorar, según pusieron de relieve los fiscales, el desplazamiento a Cataluña de refuerzo policiales para impedir a toda costa la celebración del referéndum.
