El PNV ha propuesto "ampliar" el alcance de los Derechos Históricos que la Constitución Española reconoce a los territorios vascos como fórmula para lograr un nuevo estatus político "de no ruptura", que incluya un 'derecho a decidir' "pactado" y que establezca una relación "confederal" entre Euskadi y el Estado sustentada en un 'Concierto Político'.

Esta propuesta se incluye en el documento de 'bases y principios' para la actualización del autogobierno vasco presentada este miércoles por el PNV en la ponencia del Parlamento Vasco que debate sobre la posible modificación del estatus político de Euskadi.

El texto del PNV, de 17 páginas, constata la "preocupación" de este partido ante el "permanente cuestionamiento" por parte del Estado de las competencias que el actual Estatuto de Autonomía de Gernika, aprobado en 1979, reconoce a las instituciones vascas.

La formación 'jeltzale' constata que ante el "socavamiento" de las competencias de Euskadi y la tendencia a la "recentralización", es necesario "actualizar" el autogobierno de Euskadi mediante "un sistema de bilateralidad efectiva que garantice el cumplimiento de lo acordado" entre el País Vasco y el Estado español.

El PNV subraya que se trata de configurar "un nuevo estatus de no ruptura", cuyas bases han de ser "el reconocimiento mutuo, el pacto y la democracia". Para lograrlo, propone "formalizar una nueva forma de vinculación con el Estado español, articulada en exclusiva a través de los Derechos Históricos que reconoce y ampara la Disposición Adicional Primera de la Constitución española, y que formalice una relación singular y bilateral basada en el pacto y el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes".

El documento incluye un apartado sobre el 'reconocimiento de la identidad nacional del Pueblo Vasco o Euskal Herria'. En él, se indica que "el Pueblo Vasco es un pueblo con identidad propia y diferenciada", cuyo "máximo exponente" es que cuenta con una lengua, el euskera, y una cultura "propias", las cuales han "forjado su identidad nacional diferenciada", y que, además, tiene una "tradición jurídica propia". El PNV subraya que, por lo tanto, "el Pueblo Vasco es una nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado".

Los 'jeltzales' incluyen varios posibles "nombres" para lo que definen como el 'sujeto político-jurídico' del eventual nuevo estatus. Las opciones que plantean son: 'Comunidad Foral Vasca', 'Comunidad Nacional Vasca', 'Estado Autónomo Vasco' y 'Estado Foral'. Además, subrayan que el nuevo estatuto debe incluir una "ampliación" de los derechos y deberes de la ciudadanía, así como una "profundización" en los derechos sociales para combatir las "desigualdades" y la "injusticia"

La fórmula propuesta por el partido 'jeltzale' para avanzar hacia una nueva relación con el Estado, sobre la que afirma que ha de estar basada en el acuerdo, la "interdependencia" y la "no subordinación", es extender la fórmula del Concierto Económico -que regula las relaciones económicas y financieras entre Euskadi y el Estado- a un 'Concierto Político' que defina "un haber competencial exclusivo y reservado que sea homologable al Concierto Económico en concepción, estructura y operatividad".

El PNV precisa que el nuevo sistema de autogobierno de Euskadi debe contar con la necesaria "cobertura normativa", para lo que subraya que "el fundamento jurídico-constitucional" del mismo "residirá en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española", que reconoce los Derechos Históricos de los territorios forales y sobre los que afirma que han de ser "actualizados" y cuya interpetación ha de ser "ampliada".

"Principio democrático"

Los 'jeltzales' también constatan la importancia de que todo el proceso se lleva a cabo de acuerdo al "principio de legalidad" y al "principio democrático". De esa forma, indica que el texto sobre el nuevo estatus político que se pueda elaborar "será la formulación jurídico-positiva de un ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, esto es, a decidir su futuro, para lo cual habrá de dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante".