La forzada unidad del independentismo se rompió ayer con la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de la investidura de Puigdemont hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva sobre la admisión a trámite o no del recurso del Gobierno contra la propuesta del candidato. Tras quedar pospuesta la sesión, JxCAT, el grupo del expresidente, mostró su disconformidad e insistió en mantener la convocatoria de la sesión, mientras que los cuatro diputados de la CUP ocuparon sus escaños a las tres de la tarde, hora para la que estaba convocada la sesión de investidura.

Poco antes de las diez de la mañana, con la reunión de la Mesa de la Cámara catalana a punto de comenzar, Torrent anunció que el pleno convocado para ocho horas más tarde quedaba "pospuesto, en ningún caso desconvocado". Con su decisión, el presidente del Parlament se atenía a las condiciones fijadas por el Constitucional para celebrar la sesión de investidura, entre las que figuraba la presencia del candidato en el hemiciclo previa autorización del juez que instruye la causa contra el proceso soberanista. El acatamiento de las directrices del TC por Torrent fue saludado como una victoria propia desde el Gobierno de Rajoy, quien se atribuyó el mérito de haber evitado "una burla a la democracia" con su recurso presentado sin el aval del Consejo de Estado. Pese a la aceptación de las condiciones del TC, Torrent calificó la decisión del órgano arbitral como "un fraude de ley" revelador de "una de las caras más oscuras desde el punto de vista democrático" por existir, a su juicio, connivencia entre el Ejecutivo y el Tribunal. "Este Parlament investirá al candidato que reciba el apoyo de la cámara y no el que decida un presidente o un ministro en un despacho a 600 kilómetros de distancia", enfatizó el presidente antes de rechazar que "se diga que los catalanes votaron mal solo porque no votaron como ellos querían". El Parlament presentará en los próximos días alegaciones contra el auto del Constitucional y en el momento en que haya resolución se fijará una nueva fecha para la sesión, cuando "se asegure un debate de investidura efectivo y con garantías".

Con la suspensión saltó por los aires la endeble unidad del secesionismo. "No compartimos que se tenga que aplazar el pleno", manifestó Elsa Artadi, portavoz de JxCAT, que defiende la investidura de Puigdemont incluso en ausencia y desobedeciendo las directrices del Constitucional. JxCAT criticó que Torrent no le hubiera consultado su decisión.

Llamadas sin respuesta

El presidente del Parlament llamó ayer cinco veces a Puigdemont entre las ocho y las nueve y media de la mañana sin que el antiguo jefe del Govern le cogiera el teléfono. JxCAT aseguró que Puigdemont no tenía constancia de tales llamadas e insistió en la celebración del pleno con arreglo a la convocatoria inicial. Con ello se hizo visible la pugna en el seno del secesionismo, intensificada el lunes pasado con la carta en la que Puigdemont pedía amparo a Torrent para ser investido "con todas las garantías". Desde ERC se interpretó esa petición como una forma de presionar a Torrent para que desobedeciera las directrices del Constitucional.

El aplazamiento de la sesión abre además un período en el que se podría entrar a negociar sobre un candidato alternativo al expresidente, una opción por la que apuestan ya destacadas voces del secesionismo. El Constitucional reiteró ayer sus argumentos que cierran el paso a la investidura de Puigdemont en el auto en el que rechaza las alegaciones de JxCAT contra su resolución del sábado pasado. Torrent pidió ayer al TC que "resuelva lo antes posible las alegaciones y deshaga la chapuza jurídica" para retomar el calendario parlamentario. Mientras tanto, el aplazamiento del pleno genera una situación inédita en cuanto que implica incumplir la ley del President, que obliga a votar a un candidato a encabezar la Generalitat en los diez días siguientes a la constitución de la Cámara. Los letrados tendrán que determinar si pese a la suspensión ha comenzado ya a correr el plazo de dos meses concluido el cual, y de no haber presidente de la Generalitat, la Cámara catalana quedaría disuelta y se convocarían de nuevo elecciones autonómicas.