Un juez belga decidirá el 14 de diciembre sobre la euroorden de entrega a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica. El proceso se dilata así más de lo previsto, y podría no estar resuelto hasta febrero del año próximo, después de que en la segunda comparecencia ante el juez flamenco de primera instancia en Bruselas se fijase un nuevo plazo. En la vista -que se prolongó durante tres horas y media, a puerta cerrada y en neerlandés- la Fiscalía reiteró su petición de hacer efectiva la euroorden, mientras que las defensas rechazaron la entrega. El abogado flamenco Paul Bekaert se reafirmó en que "si fueran entregados a España, allí el juicio podría hacerse con vulneración de garantías jurídicas y de derechos previstos en los tratados internacionales".
La decisión que emita el 14 de diciembre el juez de primera instancia podrá ser recurrida con un plazo de 24 horas ante tribunal de Apelaciones, primero, y a la Corte de Casación,después.
La defensa de Puigdemont anticipa que en la próxima cita "habrá sorpresas", porque el traspaso de la causa de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo puede anular la euroorden que pesa contra él. La reclamación de busca y captura fue emitida con "precipitación" por una magistrada, Carmen Lamela, que ni tenía competencia para ello ni tampoco atendió a requisitos mínimos para su formulación "como estudiar mínimamente la causa", según los abogados de Puigdemont. De quedar demostrados esos defectos de forma y fondo se habría quebrantado "el derecho de procedimiento debido", un derecho básico procesal para los encausados y cuya vulneración podría alimentar la argumentación ante el juez belga de que el proceso en España carece de garantías.
