El Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid acordó la apertura de juicio contra el PP y su tesorera, Carmen Navarro, por supuesto delito de daños informáticos en el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del partido Luis Bárcenas. Así figura en un auto notificado ayer por el que también se sentará en el banquillo a Alberto Durán Ruiz de Huidobro, asesor jurídico del partido, y José Manuel Moreno Alarcón, director del sistema de informática del PP, que, al igual que Carmen Navarro, también están investigados por delito de encubrimiento.
La jueza Rosa María Freire da tres días al fiscal para que formule su escrito de acusación y emplaza a todos los investigados a que presenten en un plazo de diez días hábiles sus escritos de defensa proponiendo en su caso las pruebas de las que intenten valerse. Los procesados afirmaron en sus día que los equipos no tenían contenido alguno, pero Bárcenas sostuvo lo contrario y apuntó que en ellos había, entre otros documentos, apuntes de las aportaciones económicas con las que el partido conformó su "caja B".
La apertura de juicio oral contra su partido, el único encausado en España, obliga al presidente Rajoy a dar explicaciones, según el PSOE. La portavoz del grupo socialista, Margarita Robles, considera "de especial gravedad" y "preocupante" que se vaya a juzgar al PP por "no colaborar con la justicia y dificultar el trabajo de los jueces", permitiendo que "se destruyan pruebas" relacionadas con el caso Gürtel.
"Una vez más estamos estupefactos por que la responsabilidad criminal esté por encima de la responsabilidad política de algunos cargos del PP". En estos términos valoraba ayer la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, la posición de los populares tras la decisión de abrir juicio oral contra ellos, lo que coloca en una "situación insostenible" al partido del Gobierno. El PP trató por todos los medios de que se archivase la causa por el borrado de los ordenadores de Bárcenas. Después de que el extesorero retirase las acusaciones por la destrucción de sus ordenadores y de que el fiscal no presentará acusación, el PP pidió el archivo acogiéndose a la "doctrina Botín". Al no conseguirlo trató de apartar de la causa a la juez que ahora abre el juicio.
