"Propuestas claras". Eso pide el presidente Rajoy para abordar cambios en el modelo territorial que se incorporen a la negociación de la reforma de la Constitución, a la que asegura que no se opone". "Se habla de reformar la Constitución pero hasta ahora nadie ha indicado claramente cuál sería el objeto de esa reforma, por lo que son palabras vanas. Pero estoy dispuesto a dialogar. Escucharemos las propuestas que llegarán a la comisión. Hasta ahora no las ha habido", responde el presidente del Gobierno en una entrevista publicada ayer por el diario italiano "La Repubblica".
Rajoy señala además que nunca se opuso a modificar la Carta Magna. "Nunca me he opuesto abiertamente a una reforma de la Constitución de 1978.De hecho se ha reformado en dos ocasiones con el apoyo de mi partido. Pero nadie ha hecho una propuesta clara sobre lo que habría que cambiar", contesta al director del rotativo, Mario Calabresi.
La negociación del modelo territorial es un compromiso contraído con el PSOE a cambio de su respaldo en el conflicto catalán. Los representantes del PP en la comisión parlamentaria que estudia estas modificaciones rebajaron, desde el mismo día en que empezaron los trabajos, las expectativas y enfriaron las posibilidades de que el proceso culmine en un cambio constitucional.
Propuesta académica
La reforma de la Carta Magna es necesaria e ineludible para un grupo de diez destacados catedráticos. Bajo el título de "Ideas para una reforma de la Constitución", catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de varias universidades -entre los que destacan Eliseo Aja, Ana Carmona, Francesc de Carreras, Javier García Roca, Alberto López Basaguren y José Antonio Montilla- presentaron días atrás un trabajo de cuatro meses orientado a contribuir al debate político y que incluye una serie de propuestas bien definidas.
El cambio más radical afectaría al Senado, que se convertiría en una auténtica cámara territorial, cuyos miembros serían elegidos por las comunidades autónomas. El Senado se reformaría siguiendo el modelo del Bundesrat alemán y tendría capacidad para aprobar las leyes que afectan a las autonomías, en materias como educación o financiación.
La redefinición del reparto competencial es otro de los ejes básicos de la propuesta, que sugiere determinar las competencias exclusivas del Estado y dejar a las comunidades regular las demás mediante sus estatutos de autonomía. Con ello se acabaría con la ambigüedad del artículo 149 de la Constitución fuente de continuos conflictos. Cada comunidad aprobaría su estatuto, incluso llamándolo "Constitución", sin tener que pasar como ahora por el filtro de las Cortes Generales.
