Cristóbal Montoro ha pedido saber en el plazo de diez días hábiles si Carles Puigdemont ha solicitado acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería, que estaría en torno a los 112.000 euros anuales.
Dicha solicitud equivaldría a acatar de manera implícita la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, entre otras medidas, incluye su propia destitución. Si Puigdemont se acogiera al Estatuto de expresidents estaría reconociendo que no es el "presidente legítimo" de Cataluña, como se ha definido a sí mismo, y admitiendo que su estatus ha pasado a ser el de expresidente.
La citada instrucción fue dictada el pasado día 16 por el ministro de Hacienda en su calidad de titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, tras la aplicación del 155. La Ley del Estatuto de los expresidentes fue impulsada en su día por el expresident Jordi Pujol.
Los apremios económicos empiezan a hacer mella en las familias de los exconsejeros presos o huidos a Bélgica, que ayer presentaron la Asociación Catalana por los Derechos Civiles para recabar apoyo económico.
Mertixell Lluís, la esposa de Josep Rull, resumió la iniciativa: "Estamos en una situación extraordinaria y lo que queremos es recoger y agradecer el apoyo que la sociedad civil y personas individuales nos están dando".
"Los tenemos a 800 kilómetros de distancia", alegó Diana Riba, la esposa de Raül Romeva.
