La amenaza que suponen las redes de injerencia rusas llevó el lunes a la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, a pedir a los Estados miembros que destinen más recursos, tanto de expertos como de presupuesto, para contrarrestar las campañas de desinformación con las que la Rusia de Putin intenta debilitar a su rival comercial y político más próximo: el bloque comunitario.
El último escenario de esta guerra que se libra en internet es Cataluña. Y empezó en serio el día del referéndum del 1-O. Las cargas policiales sirvieron en bandeja la oportunidad. Las informaciones exageradas, los titulares engañosos o directamente falsos y la difusión de imágenes que no correspondían al día de la votación constituyen un material precioso para los medios estatales rusos RT y Sputnik. Pero sin las redes sociales su potencial de desestabilización sería muy inferior.
Es ahí donde actúan los perfiles falsos y robotizados que amplifican la señal de los mensajes de los medios rusos. Lo que, a la vez, permite al Kremlin sostener que la cuestión catalana -como antes el referéndum del "Brexit" o las elecciones francesas u holandesas, escenarios, todos ellos, donde se ha detectado una amplia labor desinformadora rusa- es un asunto interno de España. Es la mejor forma de actualizar las viejas tácticas de desestabilización de la URSS que ha encontrado un país que quiere ser tratado como una superpotencia, sin ya serlo.
Un objetivo al que, según confirmó el Gobierno esta semana, contribuyeron también redes chavistas que cuentan con mayoría de perfiles automatizados.
En la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores que este lunes aceptó la petición de Mogherini, el canciller español, Alfonso Dastis, reveló que las campañas de "manipulación y desinformación" lanzadas contra la UE por las redes rusas ha terminado afectando al "desarrollo democrático" en Cataluña. Algo que Mogherini declinó confirmar. Dastis no descartó que los "trolls" del Kremlin vuelvan a la carga para intentar influir en las elecciones del 21 de diciembre. Pero Mariano Rajoy no tiene constancia de que el Kremlin esté detrás de estas operaciones.
Las últimas alarmas se encendieron cuando, también este lunes, se supo que Oriol Soler, uno de los ideólogos del "procés", se había reunido con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, donde el fundador de Wikileaks está refugiado.
Assange, destacado activista pro 1-O, llegó a comparar los registros judiciales para liquidar la logística de la consulta con la represión china en Tiananmén. Ayer ofreció 20.000 euros de recompensa a quien revele los detalles "secretos" del dispositivo policial del 1-O. A su juicio, un "ataque violento a los votantes".
