La fiscal dice que los ´soplos´ a Granados eran "constantes"

El guardia civil en excedencia José Luis Caro ha negado hoy en el juicio que participara en el chivatazo al exconsejero de Madrid Francisco Granados de que estaba siendo investigado en la operación Púnica y ha dicho que le vio "preocupado" cuando se enteró de que agentes de la UCO se iban acercando a su entorno.

La Audiencia Nacional ha iniciado hoy el primer juicio del caso Púnica contra el exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y exdirigente regional del PP Francisco Granados.

A Granados, la fiscalía le pide 3 años de cárcel por beneficiarse del chivatazo en 2014 de la operación policial que se desarrollaba en su entorno, ya que le dio tiempo a esconder buena parte de sus bienes. La operación concluyó con él en prisión provisional durante dos años y medio.

La Fiscalía pide la misma pena para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, presunto responsable de dar el soplo, y para su amigo José Luis Caro, que era asesor de la Comunidad de Madrid en la época de los hechos, todos ellos acusados de un delito de revelación de secretos.

José Manuel Rodríguez Talamino ha negado haber dado en 2014 el "chivatazo" a Granados de que la Unidad Central Operativa (UCO), a la que entonces pertenecía, le estaba investigando y ha precisado que al coincidir con él en las fiestas de Valdemoro, donde residen, le comentó que los agentes "ya habían llegado" hasta esta localidad madrileña.

Por su parte José Luis Caro ha comentado que Granados habló varias veces con él esos días en los que le vio "preocupado" por lo que le había dicho Rodríguez Talamino ya que "no le gustaba" y le había parecido "raro".

Pero ha negado que presionara a Rodríguez Talamino para que le diera más información y ha asegurado que éste le dijo que no tenía más datos y que no le consta que Granados avisara al considerado presunto "conseguidor" de la trama Púnica, el empresario David Marjaliza, para que ocultara pruebas.

"No tuve le percepción de que había una investigación de la UCO y cuando saltó todo esto me pareció increíble, no tenía ni idea", ha apostillado José Luis Caro, al que la fiscal le ha preguntado por doce llamadas telefónicas en las que habló con Granados entre los días 6 y 13 de septiembre de 2014 a raíz de lo que Talamino comentó al exconsejero.

Según la Fiscalía, el soplo permitió a Granados adoptar "medidas encaminadas a poner a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito" y gracias a él pudo ocultar el dinero en efectivo no declarado en casas de amigos y familiares, entre ellos sus suegros, de los que se valió para ocultar un millón de euros en el altillo de una habitación.

Mantiene que además alertó a Marjaliza, quien destruyó documentación incriminatoria, escondió dinero "con el que retribuía a alcaldes" y ocultó documentos que demostraban la existencia de fondos en el extranjero.

Rodríguez Talamino ha explicado que en 2014 estaba destinado en el grupo de apoyo técnico de la UCO y que recuerda que encargaron a compañeros suyos colocar un vehículo con una cámara encubierta para grabar movimientos de personas cerca de un centro comercial de Pinto (Madrid) pero ha asegurado que desconocía que fuera en la sede de las oficinas de Marjaliza.

Ha añadido que a él le encargaron preparar una motocicleta con otra cámara pero que no sabe dónde la colocaron y si era en el marco de la investigación del caso Púnica.

El abogado de Granados, Javier Vasallo, se ha quejado de que Marjaliza no esté sentado en el banquillo de los acusados junto al que fue su socio y ha pedido la nulidad del proceso por "falta absoluta de motivación" de algunas de las pruebas como las intervenciones telefónicas.

La fiscal se ha opuesto a la petición de la defensa de Granados y ha destacado que éste se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le "amurallaron para conseguir su impunidad" y ha asegurado que los soplos al exconsejero madrileño acerca de la investigación fueron "una constante".