El juez ve en el 'procés' un "violento germen"

En el auto en el que acuerda prisión eludible con fianza para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y libertad con fianza para los miembros de la Mesa de JxS, Llarena sostiene que "no está carente de fundamento" la tesis de la Fiscalía de que, para lograr la independencia, los promotores "podrían haberse servido de esos puntuales focos violentos, y de una movilización decidida y pacífica mucho mayor".

De esa forma, en opinión del juez, los impulsores del proceso independentista pretendían "exhibir los movimientos populares como la espoleta de una explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como la violencia coactiva para la consecución de sus fines".

Sin descartar que los hechos puedan incluirse en el delito de sedición -que acarrea la mitad de años de prisión que el de rebelión-, Llarena recuerda que la "interna y personal renuncia a la violencia" de los miles de ciudadanos que apoyaron el referéndum no excluye "la responsabilidad de quienes se sirven del alzamiento y se aprovechan de la sugerencia razonable de que la violencia puede ser ejercida de manera incontrolable".

Para Llarena, aunque es evidente que "el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron", lo que demuestran los "limitados efectos dañinos", la querella de la Fiscalía "destaca los numerosos vestigios que existen de que se infiltraron muchos comportamientos agresivos".

Entre esos comportamientos, que suponen una "clara y plural expresión de violencia", el juez cita la ocupación "organizada" de las calles por tractores, el asedio a edificios del Estado, el "aislamiento" a agentes o comitivas judiciales, los cortes de carreteras y las "barricadas de fuego".

Las "murallas humanas" del 1-O

Para el juez, también son expresiones violentas las "murallas humanas que defendían de forma activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, o forzando a éstos a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo".

El magistrado mantiene que, desde un principio, existió "una hoja de ruta convenida entre los responsables autonómicos, los responsables municipales y las asociaciones ciudadanas independentistas" y recuerda que "muchos de esos representantes han llamado permanentemente a la movilización colectiva".

La amenaza de "la determinación popular"

"El proceso no contaba con otro instrumento de imposición de la situación de hecho creada que la amenaza de una determinación popular que -de ser contrariada- podía resultar incontrolable", añade Pablo Llarena.

En su auto, el juez recuerda que los investigados han admitido que su intención era lograr la independencia de Cataluña, "si bien expresando que se buscaba que se alcanzara en un marco pactado por el Estado".

No obstante, Llarena considera que la vía negociada que los investigados han dicho buscar "queda desvirtuada", no solo porque la Constitución consagra la "indisoluble unidad" de España, sino también porque "se optó por realizar un referéndum, sabiendo de su ilegalidad", y conociendo que se iba a proceder "inexorablemente y sin negociación alguna" a declarar la independencia si ganaba el sí.

En todo caso, el juez apunta que, en sus declaraciones, no es que los querellados hayan asumido la intervención derivada del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que "o bien renuncian a actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

Llarena atribuye a Forcadell "una actuación principal"

Llarena también atribuye a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "una actuación principal" en el proceso independentista, tanto "por su intervención medular" en él como "por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido".

En el auto, el magistrado recuerda que ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, "desde cuyo mandato perfiló, asumió, y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva cuya instrumentación se analiza".

"Una actuación esencial, que vino seguida por su presidencia del Parlament de Catalunya, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia, y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba", añade.

Por ello, destaca el magistrado que Forcadell presenta "una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos".

El magistrado se basa en esto para imponerle una fianza mayor que a los otros cuatro imputados, en libertad con la condición de que paguen 25.000 euros en la próxima semana

La participación de los otros diputados -Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet- se sitúa claramente, dice el juez, "en un nivel inferior de reproche", aunque no se trata, aclara, de una "intervención menor o de meros participantes".

El riesgo de fuga "se difumina"

Llarena decide, sin embargo, imponerles fianzas porque, aunque existe cierto riesgo de fuga, "se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados" por el TSJC y en el Supremo.

Respecto a sus declaraciones, el juez no descarta que puedan "ser mendaces" y "si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal" avisa de que se podrán modificar las medidas cautelares.

Además, sostiene que "no es que hayan asumido la intervención derivada del artículo 155 de la Constitución", sino que han dicho que o renuncian a la actividad política en un futuro o, "si quieren seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

Y añade que la "desatención" de los investigados a las resoluciones judiciales que les han afectado hasta ahora muestra su "determinación" por "sobrepasar los límites" de la Constitución, algo que ha hecho "de manera más marcada" Carme Forcadell.

En el auto, Llarena destaca que nunca "aspiraron a lograr la independencia del territorio por las vías legales" y describe luego los sucesivos momentos en que desoyeron las decisiones del Constitucional.

Al contrario, afirma que no buscaron una vía negociada porque un "supuesto pacto de independencia es incompatible con lo que realmente se hizo, pues se optó por realizar un referéndum, sabiendo de su ilegalidad y de la prohibición de su celebración".

"La idea de actuar con sujeción a un pacto, es irreal", concluye el magistrado, para quien su intención era "alcanzar una situación de hecho, para después lograr imponer su aceptación política", para lo que incorporaron el elemento de la "movilización ciudadana que exigiera la permanencia del nuevo orden implantado".

Para el juez, los imputados usaron esa movilización como "el elemento que forzara el reconocimiento político del Estado de hecho que iba a impulsarse".

Malversación

En cuanto al delito de malversación que se les imputa, el magistrado afirma que se puede inferir que "hubo que generar alguno de los gastos contemplados en el presupuesto" para el proceso independentista, aunque añade que ya se delimitará la cantidad a lo largo de la investigación.

Recuerda que los seis integrantes de la Mesa, menos Joan Josep Nuet, facilitaron con su voto favorable "el debate y la aprobación de las diferentes resoluciones en las que descansó el proceso para la declaración de independencia".

"En todos estos supuestos -dice el juez-, los querellados impusieron su voluntad sobre el voto minoritario del resto de integrantes de la Mesa, quienes se mostraron favorables a la paralización de la actuación legislativa, tal y como les había sido exigido por el Tribunal Constitucional".

No fue eso lo que pasó con Nuet, al único al que ha dejado en libertad sin medidas cautelares, "quien no sólo ha relatado en su declaración que su intención fue la de favorecer el debate de la independencia, pero nunca como una declaración unilateral, sino siempre dentro del marco constitucional".

El magistrado ve reforzada esta afirmación por el hecho de que se opuso en varias ocasiones a resoluciones y, especialmente, "a la propia declaración de independencia" del 27 de septiembre.