El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González salió a las 19.48 horas de ayer de la prisión de Soto del Real (Madrid) después de depositar la fianza de 400.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón le impuso el martes para ser excarcelado.

Tras permanecer en la cárcel 201 días como principal acusado en el "caso Lezo", que investiga operaciones presuntamente fraudulentas del Canal de Isabel II, González declinó hacer declaraciones a las puertas del recinto penitenciario, donde se habían reunido numerosos periodistas.

Más delgado y vestido con vaqueros y un abrigo para protegerse del frío y la lluvia, González se subió a un vehículo "Jaguar" de color negro en el que le esperaban sus representantes legales desde las cuatro de la tarde para llevarle a su casa.

Fuentes de la defensa de González indicaron a los medios de comunicación que han sido unos meses "muy duros" para el expresidente regional, que sale "con muchas ganas de defenderse y de ver a su familia".

Las mismas fuentes añadieron que un total de once personas, entre familiares y amigos, que "confían en su inocencia" contribuyeron a pagar la fianza de 400.000 euros, a través de "entre 30 y 40 transferencias bancarias".

El magistrado ha impuesto al expresidente madrileño como medidas cautelares la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y obligación de comparecencias semanales en el juzgado de la Audiencia Nacional más próximo a su domicilio, según explica en un auto en el que detalla que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva por manejo de fondos en el extranjero gracias a la colaboración con Colombia y Panamá. También estima que ha bajado el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.

El juez adoptó la decisión después de recibir el martes el informe en el que el fiscal modifica su criterio contrario a la excarcelación, que había mantenido en otras tres peticiones anteriores de libertad de la defensa del exmandatario. García Castellón precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que González está siendo investigado por cuatro hechos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente; licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y revelación de secretos.