El inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, lamentó ayer en el Congreso las presiones y querellas con las que se trató de "desestabilizar" la instrucción del caso Gürtel sobre presunta financiación ilegal del PP y reconoció que echa en falta la creación de "un organismo central de lucha contra la corrupción" que permita ganar en eficacia en las investigaciones judiciales. Morocho se expresó así durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, que se reanudó más de cuatro meses después de la última sesión.
En su comparecencia, Morocho recordó las siete querellas que interpusieron contra él diferentes dirigentes del PP descontentos con la investigación desarrollada por la UDEF sobre la trama Gürtel.
Las intimidaciones se reprodujeron ayer, al menos a ojos de la oposición. Los representantes de PSOE, Podemos y ERC en la comisión acusaron al PP de "intimidar" y "amenazar" a Morocho después de que el portavoz del Partido Popular, Carlos Rojas, aludiera a los límites que tiene en su cargo Morocho. En concreto, la portavoz de Podemos, Carolina Bescansa, reprochó a Rojas que hiciera referencia a las sanciones específicas que contempla el Código Penal para aquellos casos en los que la Policía Judicial sobrepasa sus límites y resaltara que hay multas desde los 500 euros.
En su comparecencia, Morocho aseguró que hay "indicios" de que la estructura del PP "respondía al perfil de una organización delictiva" por sus operaciones en la trama Gürtel. No obstante, se remitió a la decisión de los tribunales que, dijo, "son los que valoran y evalúan".
De igual modo, estimó que el dinero al que se refieren los llamados "papeles de Bárcenas" "probablemente esté rondando" entre los 4 y los 6 millones de euros. También afirmó que en la investigación por la "caja B" del PP aparecen "indiciariamente" anotaciones que afectan a dirigentes populares, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos, entre otros.
El diputado del PP Juan Bueno acusó a los grupos parlamentarios de tratar de utilizar el Congreso de los Diputados para emitir "sentencias propias de los tribunales de justicia".
La comisión de investigación incluyó también la comparecencia del ex comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González García, ya jubilado, y que fue cesado de su puesto semanas después de que Mariano Rajoy ganara sus primeras elecciones en 2011.
