El que fuera vicepresidente del Govern de Puigdemont, Oriol Junqueras, y ocho exconsejeros ingresaron a última hora de la tarde de ayer en las cárceles madrileñas de Estremera y Alcalá Meco. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela aceptó la petición del fiscal de prisión incondicional por considerar que existe riesgo de fuga de los imputados y pone como ejemplo la ausencia de Carles Puigdemont, citado ayer a comparecer y que sigue en Bruselas.
El encarcelamiento de la mayor parte del antiguo Govern -solo están fuera los cuatro exconsejeros que acompañan a Puigdemont en la capital belga- avivó las tensiones políticas que parecían haberse suavizado desde la destitución del Ejecutivo, con la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución.
Junqueras y los otros ocho exconsejeros comparecían ante la juez en calidad de investigados por presunta rebelión, sedición y malversación, castigados con penas de los veinticinco a los diez años. Carmen Lamela considera en su auto que los imputados sí actuaron con violencia, uno de los requisitos del delito de rebelión, al elaborar una "estrategia perfectamente organizada" para lograr la independencia, al apoyar y alentar "movilizaciones tumultuarias" y "contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía" y apoyarse en el "brazo civil del levantamiento", las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural.
La juez aprecia peligro de fuga de los imputados y en ello fundamenta la prisión incondicional, junto a la posibilidad de obstrucción a la justicia y la "reiteración delictiva". Sin mencionar el nombre de Puigdemont, la magistrada apunta en su auto que "basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido".
En cumplimiento de ese auto Junqueras, y los exconsejeros de Interior, Joaquín Forn; de Presidencia, Jordi Turull; de Asuntos Internacionales, Raül Romeva; de Territorio, Josep Rull y de Justicia, Carles Mundó ingresaron en la cárcel de Estremera, la más moderna de Madrid. Dolors Bassa, antigua responsable de Trabajo y Meritxell Borrás, de Gobernación, fueron o conducidas a la cárcel de Alcalá Meco. El conseller de Empresa Santi Vila que al haber dimitido antes de la declaración de independencia podrá eludir la prisión en cuanto deposite una fianza de 50.00 euros, entró también en Estremera en solidaridad con sus antiguos compañeros de gabinetes pero saldrá hoy en cuanto deposite la garantía exigida.
Entre los mensajes de los encarcelados destaca el deJunqueras: "En pie, con determinación y hasta la victoria. Haced cada día todo lo que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21D", escribió en las redes sociales. Andreu Van den Eynde, el abogado del exvicepresidente, lamentaba ayer que la Audiencia Nacional enviase a prisión a "gente de paz" que "nunca participaría en actos de violencia" y considera que la resolución judicial estaba "predeterminada" y no se ajusta a los requisitos para una medida tan grave como la prisión.
La juez Lamela deberá resolver ahora la petición de la Fiscalía, que pidió enviar una orden europea de detención a la justicia belga para una futura extradición a España de Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bruselas. La Fiscalía federal belga aseguró ayer a Efe que está a la expectativa de recibir la orden y que "aplicará la ley" si las autoridades judiciales española emiten.
Varios letrados que asisten a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los cinco miembros de la Mesa de la Cámara catalana, citados ayer ante el Tribunal Supremo, consideran que la huida de Puigdemont perjudica a sus defendidos. El Supremo pospuso hasta la próxima semana la comparecencia de los integrantes del órgano rector del Parlament al aceptar la dificultad alegada por los abogados de entrar a fondo en la documentación que sustenta las acusaciones. Todos ellos volverán al Supremo el jueves 9 de noviembre. Mientras, permanecerán bajo vigilancia de los Mossos d'Esquadra.
