El Gobierno asegura ante las decisiones judiciales que afectan al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemonty a sus exconsellers que nadie en España se puede sustraer a la acción de la Justicia, y confía en que las elecciones del 21D supongan la vuelta a la normalidad en Cataluña.
Un día después del ingreso en prisión del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de otros exmiembros del Govern, el Ejecutivo, por boca de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado la separación de poderes existente en España.
En consecuencia, ha situado esa decisión en el ámbito de un poder judicial que ha recalcado que es "independiente y autónomo".
"Escapa del ámbito del Gobierno", ha insistido en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han adoptado una serie de decisiones ante la convocatoria de las elecciones del 21 de diciembre.
Unos comicios que ha señalado que espera que aporten "estabilidad, seguridad y certeza" a Cataluña, que se ajustarán a la legalidad y en las que podrán participar todos los partidos que lo deseen.
En ese sentido y ante la posibilidad de que puedan formar parte de las listas electorales los exmiembros del Govern que estén prisión, ha recordado que mientras que no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos y puede concurrir a unos comicios.
"Todas las fuerzas políticas en Cataluña han dicho que van a participar en las elecciones y a mí me parece que esa es una buena noticia porque son los catalanes los que tienen que juzgar lo que ha pasado todos estos años y el callejón sin salida al que les llevó el Gobierno anterior", ha añadido.
A la separación de poderes ha vuelto a aludir al plantearle si no le preocupa al Gobierno que la prisión de los exconsellers afecte a la campaña del 21D e incluso a sus resultados.
"Las consecuencias que pueda tener las ignoro, pero el Gobierno será respetuoso", ha garantizado.El Gobierno evita comentar la actitud de Puigdemont
Méndez de Vigo ha evitado comentar la actitud que está manteniendo Puigdemont y se ha limitado a señalar que la prensa nacional e internacional le ha juzgado con severidad y que el Gobierno no va entrar en más valoraciones.
Lo que ha dejado claro es que España es un Estado de derecho en el que nadie se puede sustraer a la acción de la Justicia.
Al mismo tiempo ha puesto de manifiesto que hay instrumentos internacionales que se pueden aplicar para que las personas que pretenden sustraerse de esa acción sean puestas a disposición de la Justicia.
Una semana después del Consejo de Ministros en el que se aprobaron las medidas para Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado en la reunión de hoy un informe sobre cómo se están desarrollando.
Y según ha expuesto Méndez de Vigo, ese desarrollo ha sido "normal y correcto", especialmente porque hay buena voluntad por parte de todos para asegurar los servicios públicos para los ciudadanos. El Ejecutivo espera que así siga siendo.
El portavoz del Gobierno se ha referido a las consecuencias económicas del proceso independentista y, así, ha recordado que, según se ha conocido hoy, Cataluña tuvo los peores datos de empleo en el mes de octubre.
También ha aludido al impacto negativo en el turismo, ya que el número de pernoctaciones ha sufrido un considerable descenso y la mayoría de hoteleros se han visto obligados a bajar los precios.
En su reunión de hoy, el Consejo ha autorizado al presidente del Gobierno a presentar tres recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas leyes autonómicas catalanas.
En concreto, la ley de Comercio, Servicios y Ferias, la ley del Cambio Climático y el decreto ley de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
Además, ha aprobado una serie de medidas en aplicación del artículo 155, entre ellas un acuerdo planteado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el que se modifican los presupuestos de la Generalitat y destina 17 millones de euros a gastos para la organización del 21D.
