Agentes de la Guardia Civil entraron ayer en diez comisarías de los Mossos d'Esquadra, entre ellas su sede central, con una orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para requerir las comunicaciones internas de los policías catalanes durante la jornada de la consulta del 1-O y, además, una copia del correo electrónico del mayor Josep Luís Trapero, destituido por el Gobierno en virtud de la aplicación del artículo 155.
La Audiencia Nacional, el Tribunal Superior catalán y varios juzgados de instrucción investigan a los Mossos por su supuesta pasividad durante el 1-O, pese a tener orden judicial de impedirlo. Lamela, además, mantiene imputado a Trapero por sedición y le ha retirado el pasaporte ante las sospechas de que no hizo lo suficiente por acabar con el asedio a los guardias civiles que, el pasado 20 de septiembre, registraban la Consejería de Economía en una operación contra la logística del referéndum.
El coronel Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el dispositivo del 1-O, acusa en un informe a los Mossos de "absoluta pasividad" y de "entorpecer" las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En cumplimiento de las medidas del artículo 155, han quedado desactivadas las páginas web govern.cat y president.cat, que informaban de las decisiones del destituido Govern.
