El expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros que se encuentran con él en Bruselas no acudirán ni hoy ni mañana a declarar a la Audiencia Nacional, donde han sido citados, por lo que se enfrentan a una euroorden de detención.
Ahora está en manos de la juez que lleva el caso, Carmen Lamela, que libre las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y, de aprobarlas la magistrada, las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigdemont y sus consellers.
Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002.
El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación.
En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.
Según el ordenamiento jurídico belga, los seis ex altos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.
Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días.
Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.
Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.
La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea
En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.
Impugnará cualquier petición de extradición
Mientras, el abogado de Carles Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, ha explicado este martes que centrará la estrategia de defensa del ex presidente de la Generalitat en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España que se pueda impulsar desde el Gobierno de Mariano Rajoy.
"Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal", ha subrayado Bekaert en declaraciones a 'The Wold Today' de la cadena de televisión flamenca VRT, recogidas por Europa Press.
En este sentido, ha reiterado el anuncio realizado por el propio Puigdemont en rueda de prensa en Bruselas de que en principio no baraja realizar una petición de asilo político en Bélgica, aunque ha recordado que una solicitud de este tipo se puede aplicar en cualquier momento.
En cualquier caso, ha indicado que esto "es un capítulo completamente diferente a la extradición". "También se puede impugnar la extradición sin haber solicitado asilo", ha incidido Bekaert sobre la posibilidad de que el Gobierno reclame a las autoridades belgas la entrega de Puigdemont a España.
