Carles Puigdemont ha sido destituido como presidente de la Generalitat -aunque parece que él no se da por aludido-, pero no por ello queda precisamente desamparado. La ley catalana le otorga una asignación mensual igual al ochenta por ciento del salario presidencial, que en su caso le asegura 115.000 euros anuales durante un plazo mínimo de cuatro años. No debe olvidarse que era el presidente autonómico que más cobraba en España, casi 137.000 euros al año, muy por encima de la segunda, que es Cristina Cifuentes (Madrid), con 103.000 euros por año.

Por si el dinero fuese poco, Puigdemont tiene derecho a coche oficial y a una oficina de representación con personal asignado para garantizar su funcionamiento. Su reciente abandono del cargo le autoriza a continuar llevando escolta, algo que no ocurre con los exconsejeros, a quienes el nuevo comisario de los Mossos, Ferrán López, les ha retirado la protección. Puigdemont también podrá solicitar el tratamiento de Molt Honorable que ostenta el expresidente Jordi Pujol, una decisión que corresponde a la Generalitat, hoy presidida por la vicepresidente del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría.

Los privilegios para Puigdemont aún continuarán cuando abandone la vida activa. Una vez que llegue a la edad de jubilación tendrá derecho a una retribución vitalicia igual al sesenta por ciento del sueldo que en ese momento esté cobrando el jefe del Gobierno catalán. A día de hoy serían 87.000 euros anuales, pero de aquí a diciembre de 2027, cuando el expresidente cumpla 65 años, podría ser una cantidad muy superior.

Retirada de privilegios

Si llega a ser condenado por la serie de decisiones que ha ido tomando en los últimos meses, Puigdemont no perdería automáticamente todos estos privilegios. Tendría que decidirlo el parlamento catalán. Y no será fácil conseguir los consensos necesarios.

Y es que, en virtud de la ley que regula los derechos de los expresidentes, aprobada en 2003 durante el mandato de Artur Mas, para retirar todas estas prerrogativas se hace necesario el voto de dos tercios de la cámara. Por esas paradojas de las reglas del juego autonómico, serían necesarios muchos más votos que los que bastaron para aprobar la independencia el pasado viernes.