La convocatoria de elecciones en Cataluña antes de que el Senado apruebe el viernes la intervención del Gobierno puede ser ya insuficiente para frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Ejecutivo de Rajoy quiere del presidente Puigdemont un reconocimiento explícito de vuelta al orden constitucional aunque asume que será en última instancia la Cámara Alta la que module las medidas del Gobierno a la respuesta que en los próximos días den los soberanistas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en que la última posibilidad que le queda al Govern es "ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas". El proceso depende ahora de lo que resuelva el viernes el pleno de la Cámara, que no se apartará mucho de lo aprobado el sábado el Consejo de Ministros salvo sorpresa por parte del independentismo. "El Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan", afirma la vicepresidenta, evita entrar en hipótesis sobre la posibilidad Puigdemont pueda convocar elecciones esta semana, acompañadas o no de una declaración unilateral de independencia. Esa es una combinación inaceptable para los socialistas, favorables sin embargo a atenuar el alcance la intervención si el presidente catalán convoca elecciones con arreglo al Estatuto y sin invocar las leyes aprobadas por el Parlament en septiembre.
Soraya Sáenz de Santamaría advierte que una vez aprobadas las medidas del Gobierno por el Senado y tras su publicación en el Senado, la destitución de Carles Puigdemont y de sus consejeros será inmediata. "Dejarán de ser miembros del Govern por mucho que quieran vivir en la ficción que sea. Son presidentes y consellers por la Constitución. No están investidos por una autoridad divina", advertía ayer la vicepresidenta. La intención del Ejecutivo de Rajoy es que las competencias de los consejeros sean asumidas por los ministros, pero hay muchos escenarios y uno de ellos consiste en crear un órgano colegiado, según reconoce la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría anticipa la destitución de los funcionarios de la administración de Cataluña que se resistan a cumplir las órdenes que se les trasladen. Las medidas que concretan la aplicación del artículo 155 permiten "ir cesando y removiendo" a las personas que pudieran ser responsables de incumplimientos, según la vicepresidenta, quien no aclaró si el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, estaría entre los primeros destituidos. La "segunda" del Ejecutivo de Rajoy asegura que se cortará cualquier intento de la Generalitat de construir "una estructura de Estado" en el exterior del país.
