El presidente catalán Carles Puigdemont y sus consejeros cesarán en sus cargos el viernes de la próxima semana una vez que el Senado apruebe las medidas de intervención en la comunidad autónoma acordadas ayer por el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria. El Ejecutivo, con el respaldo del PSOE y Ciudadanos, recurre a una facultad excepcional de la Carta Magna, que nunca antes llegó a activarse, ante lo que considera, en términos de la doctrina del Tribunal Constitucional, un "incumplimiento, manifiesto y contumaz" del Govern catalán de los requerimientos para que renuncie a sus pretensiones secesionistas.
El Senado comenzó ayer mismo la tramitación de las disposiciones del Gobierno en aplicación del artículo 155, que entraría en vigor tras la aprobación por el pleno de la Cámara Alta, previsiblemente el viernes próximo. Puigdemont y sus consejeros quedarían destituidos, la Generalitat se reduciría a su vertiente administrativa y al frente de cada departamento habría un responsable designado por el Ejecutivo central. Los efectos más directos de la intervención recaerían sobre el área económica del Govern, ya parcialmente bajo control de Hacienda desde que se negó a entregar informes de gasto semanales. La seguridad ciudadana y el orden público quedará también bajo control directo del Gobierno, que prevé ya el relevo del máximo responsable del cuerpo, el mayor Josep Lluìs Trapero. Entre lo que el acuerdo del Consejo de Ministros denomina "medidas singulares" figura también la asunción de las telecomunicaciones catalanas y la televisión pública para "garantizar la información veraz y objetiva".
El Parlamento catalán y su presidenta verán recortadas sus atribuciones y solo podrá abordar asuntos relativos a la administración ordinaria.
El presidente Rajoy presentó ayer, arropado pos sus ministros, el conjunto de actuaciones que ahora se someterán a una comisión del Senado, ante la que será llamado a comparecer y presentar alegaciones el todavía presidente Puigdemont o la persona que designe. La comisión, integrada por veintisiete senadores y con presencia de todas las formaciones de la Cámara Alta, elevará un dictamen al pleno, que se someterá a votación el viernes próximo. Una vez aprobado, comenzará a correr el periodo máximo de seis meses durante los que estarán en vigor las medidas propuesta por el Gobierno. Agotado ese plazo, aunque ayer dejó la puerta abierta a que pueda ser antes, el presidente Rajoy asumiría en persona la competencia de disolver el Parlamento catalán y de convocar elecciones autonómicas. Después se abre un período de interinidad impuesto por los plazos para la celebración de los comicios y la investidura posterior. De agotarse ese calendario, los catalanes serían llamados a las urnas en junio. El Gobierno dará cuenta al Senado cada dos meses de la aplicación de las medidas.
El jefe del Ejecutivo eludió pronunciarse sobre posibles cambios derivados de la respuesta soberanista a estas medidas y apunta que ahora es el Senado el que tiene la última palabra sobre la intervención en Cataluña.
