El mayor de los Mossos de'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aseguró a la juez Carmen Lamela durante su primera declaración, el pasado 6 de octubre, que no se pudo formar un cordón de protección frente a la Consejería de Economía, durante el asedio a los agentes de la Guardia Civil que registraban la sede, el pasado 20 de septiembre, porque se hubiera creado "un problema de seguridad y de orden público".
Trapero negó haber hecho caso omiso de los requerimientos de la Guardia Civil y los miembros de la comisión judicial que realizaban el registro. La concentración de miles de personas a las puertas del edificio motivó que la comitiva judicial no pudiera salir del mismo al completo hasta altas horas de la madrugada, y los vehículos policiales quedaron destrozados.
La Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos que identifiquen a los agentes de la que intervinieron en el dispositivo para impedir la celebración del 1-O, en el marco de la causa en la que Trapero está imputado por sedición.
Según fuentes de la investigación, Lamela ha encargado a la policía catalana, a instancias de la Fiscalía, que detalle el número profesional de los Mossos d'Esquadra desplegados el pasado 1 de octubre y qué actuación llevaron a cabo para evitar la votación, suspendida por el Constitucional.
