El producto interior bruto (PIB) de la economía española crecerá el 2,3% en 2018, tres décimas menos de lo previsto por el Gobierno antes de la crisis catalana, según los pronósticos revisados que el Ministerio de Economía ha enviado a Bruselas. Esa moderación del crecimiento tiene más de una causa. Una ajena a Cataluña: la desaceleración que ya presagiaban los principales organismos nacionales e internacionales. Y dos conectadas con el secesionismo: el presumible impacto de la tensión política con la Generalitat en la confianza de hogares y empresas, que afectará a la velocidad de aumento del consumo y la inversión, y los efectos de la posible ausencia de Presupuestos Generales del Estado, con la negociación entre el PP y el PNV bloqueada por los acontecimientos de Cataluña. El resultado será, transmite el Gobierna a Bruselas, una "ligera contención" de la demanda interna.

La revisión a la baja del crecimiento en 2018 -al contrario que en 2017, año para el que se estima un avance del 3,1%, superior en una décima a la previsión de julio- se traduce en un menor avance de la creación de empleo (2,4%, frente al 2,6% del anterior pronóstico). No obstante, el Gobierno subraya que tal incremento supondrá la generación de medio millón de puestos de trabajo y la reducción de la tasa de paro desde el 17,2% de la población activa en 2017 hasta el 15,5% (una décima por encima de la estimación precedente).

El escenario que trazan los ministerios económicos del Gobierno da a entender que, pese a las alarmas de estas últimas semanas, no se incluye la hipótesis de un proceso recesivo dentro de Cataluña, que aporta el 18% del PIB nacional. Se transmite además a Bruselas la idea de que España estará muy cerca de cumplir los objetivos de reducción del déficit público, incluso aunque no haya Presupuestos. El Gobierno da por hecho que la meta de este año se alcanzará (3,1%) y que para 2018 se bajará al 2,3%, una décima más de lo pactado con la UE. La deuda de la Administración rondará el 97% del PIB. Un nivel que seguirá haciendo vulnerable a España ante los mercados en caso de que no se frene la tensión política o haya pinchazo económico.