La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó ayer el ingreso en prisión incondicional sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por promover las concentraciones populares de los pasados 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat, en Barcelona, donde la Guardia Civil estaba efectuando un registro y había detenido a quince personas, entre ellos varios altos cargos de la Generalitat. Sánchez y Cuixart están siendo investigados por un delito de sedición, que puede ser penado hasta con diez años de cárcel.
Los manifestantes destrozaron los coches de los agentes, se hicieron con material depositado en su interior, entre el que figuraban armas, e impidieron durante horas la salida de los guardias civiles y de la secretaria judicial que los acompañaba. La ANC y Ómnium son las principales entidades convocantes de las Diadas y coloquialmente se las conoce como la trama civil del movimiento independentista.
Sánchez y Cuixart declararon ayer ante la juez, al igual que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente de ese cuerpo, Teresa Laplana, también investigados por sedición. Los cuatro declararon ya el pasado 6 de octubre, aunque la juez requirió que volvieran a hacerlo ayer para disponer de tiempo a analizar un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario ese mismo día.
La juez estima que en las convocatorias de los líderes soberanistas no se llamaba a una manifestación pacífica, sino a la "protección" de los gobernantes catalanes mediante "movilizaciones ciudadanas masivas".
Como ya hicieran en su primera declaración, los dos acusados se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público. Sánchez contestó a las de su letrado mientras que Cuixart se acogió a su derecho a no declarar. Tanto a su entrada en la Audiencia Nacional, a primera hora de la mañana, como a su retorno a las 18.00 horas para escuchar el auto de la juez, Sánchez y Cuixart fueron recibidos con aplausos por una veintena de diputados y senadores del PdeCAT al grito de " No esteu sols" ('No estáis solos'). Ellos respondieron con saludos y el puño en alto en señal de victoria.
Más benigna fue la suerte de Trapero -quien declaró durante casi dos horas-, para quien el fiscal también pedía prisión sin fianza que la juez desatendió al no poder vincularle de momento con el asedio a la Guardia Civil. Trapero deberá comparecer cada quince días en un juzgado, además de haberle sido retirado el pasaporte, tener prohibido salir de España y requerírsele un domicilio y un teléfono donde estar localizable. No obstante, la juez le advirtió que en caso de incumplir alguna de esas medidas cautelares, se le podrían agravar.
En el auto, la juez deja claro que la investigación se circunscribe hasta el momento a los acontecimientos ocurridos los días 20 y 21 de octubre en la sede de la Consejería de Economía, que hasta la fecha son los únicos denunciados por la Fiscalía, sin que hayan sido objeto de ampliación a los que rodearon a las votaciones del pasado 1 de octubre.
La actuación de Trapero en los hechos de la Consejería de Economía, según la juez, "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación".
Frente a las acusaciones formuladas en su denuncia por la Fiscalía, Trapero explicó que los Mossos abrieron "pasillos para los detenidos, así como para la salida de la comisión judicial, que luego no fueron utilizados en los momentos en que estaba previsto, y que no actuaron contra los concentrados al estimar que, dado su volumen, se podría haber generado una grave alteración del orden público".
La Fiscalía pedía prisión incondicional argumentando que no se efectuaron los cordones necesarios para formar un pasillo a través del cual poder llegar a los detenidos en la consejería y por no haber tomado medidas para evitar que la concentración se ampliara.
También reprocha al mayor de los Mossos no haber rescatado los efectos que se encontraban en los tres vehículos de la Guardia Civil, entre ellos varias armas, así como no haber asegurado adecuadamente la salida de la comisión judicial y de los agentes del instituto armado.
Con anterioridad a la declaración de Trapero, lo hizo por videoconferencia la intendente de los Mossos Teresa Laplana, igualmente como investigada por sedición. La juez la dejó en libertad con las mismas medidas cautelares impuestas luego a Trapero, pese a que la Fiscalía pedía para ella prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.
