El expresidente de la Generalitat Artur Mas depositó ayer 2,2 millones de euros en el Tribunal de Cuentas como garantía de los 5,2 millones que se le reclaman por gastar dinero público en la consulta independentista del 9-N y pidió una prórroga de 15 días para hacer efectivo el resto. El plazo estipulado para hacer el pago vencía el próximo viernes.
En un escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas, la defensa de Mas dio cuenta del ingreso bancario de esos 2,2 millones, en nombre propio y del resto de consejeros y cargos públicos a los que en total se exige que paguen 5,2 millones de euros, exigencia de la que se hace a Mas solidario en todos los casos.
La cantidad ingresada ayer en la cuenta bancaria fijada por el Tribunal de Cuentas se acerca a los dos millones de euros que la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural recaudaron mediante la "caja de solidaridad" que impulsaron para recoger fondos con los que pagar la fianza por el 9-N.
En su escrito, la defensa de Mas, en nombre también de los exconseller Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y de excargos de la Generalitat, insiste en que el ingreso efectuado ayer "no tiene el carácter de reintegro", sino "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", a la espera de que sea firme la sentencia por malversación de fondos en la consulta. De hecho, de acuerdo con la ley, el Tribunal dio a Mas dos vías para abonar la fianza: que la ingresara en una cuenta bancaria o que la depositaran en espera de la resolución de la causa, como hizo ayer.
El escrito insiste en que la cantidad ingresada "tiene por objeto garantizar la responsabilidad" de todos los cargos públicos a quienes el Tribunal reclama fianza y anuncia que, como sigue siendo una suma insuficiente, "se presentarán otros medios de garantía encaminados a la cobertura de la totalidad de la liquidación".
El letrado también aclara en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.
La semana pasada, la compañía SegurCaixa Adeslas, que la Generalitat tiene contratada como seguro de responsabilidad civil, rechazó pagar la fianza de 5,2 millones de euros por considerar que el gasto ilícito de dinero público no está incluido en los supuestos contemplados en la póliza.
