El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, confirmó ayer que la crisis política de Cataluña no saldrá "gratis" y obligará a revisar el cálculo de crecimiento del PIB nacional para 2018, situándola "algo por debajo" del 2,6% previsto. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya había asumido por la mañana este escenario, a menos -dijo- que se dé una "pronta solución" al enfrentamiento entre Madrid y Barcelona.

La "número dos" del Ejecutivo había alertado antes de que "la Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una profunda recesión, como advirtió, por ejemplo, el jueves la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's.

"Los acontecimientos en Cataluña están poniendo en riesgo la recuperación" y la creación de empleo en la región, aseguró Santamaría, como refleja el "parón" de la inversión y la "caída dramática" de las reservas turísticas.

"Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto", dijo De Guindos horas más tarde, desde Washington, donde asiste a la asamblea anual del FMI y el BM. Y añadió que la revisión a la baja del crecimiento del PIB es "consecuencia de la exigencia de prudencia que nos exige la situación de incertidumbre que ha generado Cataluña".

Según De Guindos, "en el tercer trimestre, los indicadores han sido buenos, la economía catalana estaba teniendo incluso un mejor comportamiento que la del resto de España". Pero desde que se "aprueban en el Parlamento catalán las normas del referéndum y desconexión (en septiembre), se comienza a generar inquietud en los inversores".

En el contexto más relajado de los últimos días, la Bolsa española subió esta semana el 0,71%.

Por otra parte, la Vicepresidente advirtió al presidente catalán, Carles Puigdemont, que no aceptará una respuesta ambigua al requerimiento que le envió el miércoles para que diga si declaró la independencia de Cataluña, y si optara por esa falta de claridad, aplicaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno insistió en que se trata de "una pregunta sencilla para acabar con un problema complejo" -porque se trata sólo de responder sí o no- y que Puigdemont aún tiene la oportunidad de recuperar la normalidad institucional. Puede hacerlo si antes de que expire el plazo (las 10.00 horas del lunes) asegura que no ha declarado la independencia.

Y el Ejecutivo no aceptará respuestas ambiguas, como podría ser, por ejemplo, que Puigdemont contestara enviando al Gobierno la transcripción de sus palabras del martes ante el Parlament, donde dijo que asumía el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero, acto seguido, propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

Con esa respuesta activaría la segunda fase del 155 y se mantendría en vigor el segundo plazo, hasta las 10:00 horas del jueves 19, para que rectifique su posición y vuelva a la legalidad. En caso contrario, el Ejecutivo retirará competencias a la Generalitat.