La CEP revela el bloqueo de intercambios comerciales con empresas catalanas

Cebreiros expresó en rueda de prensa su preocupación por el impacto que ya está teniendo la crisis en Cataluña en la economía de Galicia y la que podría tener a medio y largo plazo, y ha cifrado entre diez y quince las llamadas diarias de alerta de asociados que ha recibido en las últimas dos semanas.

Ha aludido a la "inseguridad" que genera la eventual declaración de independencia y la creación de una Hacienda catalana, en cuyo caso "¿dónde se liquidarían el IVA o el IRPF?", se ha preguntado, y también se ha referido a una hipotética calificación como bono basura de las empresas catalanas con las que trabajan las gallegas.

Cebreiros citó sectores como el alimentario, el biofarmacéutico, la automoción o el textil donde empresas gallegas están "fuertemente posicionadas" en Cataluña y que podrían verse perjudicadas por esta situación de "incertidumbre" y de "caos" que, según ha recalcado, sufren en mayor medida las pymes catalanas.

Opinó que las grandes empresas lo tienen "relativamente fácil" para trasladar su sede social y fiscal a otra comunidad, no así las pymes, que representan el 99% de las empresas de Cataluña, de las que más del 80% son micropymes, con las que la CEP se solidariza en mayor medida por ser "un reflejo" del tejido gallego.

Más que las deslocalizaciones, respecto de las cuales ha dicho que podría haber más casos como el de Copasa en Galicia, lo que le preocupa al presidente de la patronal pontevedresa es la pérdida de inversión productiva de las empresas catalanas, algo que "no tiene retorno".

La postura de la CEG

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias, aboga por el diálogo y la negociación entre el Gobierno central y el de la Generalitat, y vería "bien" que se celebrase una consulta pactada en Cataluña.

Así lo manifestó en una entrevista en la Radio Galega, en la que añade que el traslado de sedes de empresas "es una medida más testimonial que efectiva", puesto que "salen" las sedes sociales pero las compañías y sus negocios "siguen allí".

Mostrando su "preocupación" por una situación a la que ve "difícil solución", Arias opinó que "el problema" reside en que "una parte de la población de Cataluña tiene un sentimiento determinado" y "esto no se va a solventar con medidas de carácter legal".

Para el representante de la patronal gallega, "quedan meses por delante muy complicados y las tensiones probablemente van a subir". Ante esto, "vería bien que hubiera una consulta a los catalanes, pero una consulta que estuviera lógicamente pactada y con un marco muy conocido y donde hubiera una serie de garantías".

Así, enfatizando que la negociación "debería haberse producido mucho antes", Arias insistió en que él "haría el intento" de dialogar, antes de adoptar otro tipo de medidas. "Intentaría bajar un poco el suflé quitando argumentos y mostrando que hay una intención de que Cataluña quede en España y quede a gusto dentro de España", manifestó.

Esta negociación entre ambos ejecutivos la propone "teniendo muy claro cuál es la situación" y "tasando muy bien los tiempos" por parte del Gobierno español.

Las palabras de Antón Arias fueron contestadas de forma inmediata por Jorge Cebreiros, quien en absoluto comparte dichas declaraciones, "que supongo ha realizado a título personal, ya que no lo ha debatido con la Conferecoión de Empresarios de Pontevedra, y en contra de la nota enviada por las confederaciones gallegas el pasado 25 de septiembre".

Cebreiros señaló al respecto que "es muy fácil apelar al diálogo cuando uno no está sentado en la mesa", y expresó que la CEP apoya "cualquiera de las medidas que en el Estado de derecho" adopte el Gobierno "para solucionar esto".