Destacados dirigentes de la Iglesia se han reunido desde el martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, tratando de aproximar posturas y evitar una escalada dramática en la crisis catalana.

El martes por la tarde Rajoy se reunió en Moncloa con los cardenales-arzobispos de Barcelona y Madrid, Juan José Omella y Carlos Osoro, según fuentes conocedoras de un encuentro que no ha tenido confirmación oficial. Ayer, miércoles, el vicepresidente del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), se reunió con el arzobispo de Barcelona en la sede episcopal, situada muy cerca del Palau de la Generalitat. Según informó TV3, los contactos del Govern con monseñor Omella y con el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, se llevan produciendo desde hace semanas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal-arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, aseguró ayer en Vitoria que garantizar "el orden constitucional" no es incompatible con buscar "el consenso y el diálogo". Blázquez se mostró "convencido" de que, incluso en la actual situación de enfrentamiento entre las instituciones catalanas y el Estado, "la concordia es posible". Para el presidente de la CEE, "el respeto al orden constitucional y buscar, entre todos, la respuesta más adecuada, no son realidades que se excluyan".

Los intentos de mediación no se circunscriben a la Iglesia. Así, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha ofrecido por carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para propiciar una mediación europea en Cataluña al tratarse de un "problema de proporciones históricas" que "si no se aborda con rigor", advierte Urkullu, puede derivar en "escenarios delicados también para la UE".

En Barcelona, ayer se constituyó la Comisión independiente para la mediación, el diálogo y la conciliación, constituida por representantes de una decena de entidades catalanas, entre ellas universidades y organizaciones sindicales y patronales, además del F.C Barcelona. La comisión pide que no se tomen "decisiones inmediatas" sobre el modelo político, en referencia tanto a una declaración de independencia como a la aplicación del artículo 155.