El expresidente de la Generalitat Artur Masy otros acusados por la consulta soberanista del 9N de 2014 han dado hoy por hecho que no podrán pagar de su bolsillo los 5,2 millones de euros de fianza que les impone el Tribunal de Cuentas, por lo que han pedido aportaciones a la caja de solidaridad.
En declaraciones a RAC 1, Mas ha explicado que los nueve señalados por el 9N por el Tribunal de Cuentas no pueden "hacer frente a estas cantidades".
No obstante, ha subrayado que "mucha gente ha tomado conciencia" de que estos acusados dieron "la cara" para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, por lo que "no tiene sentido que nueve lo perdamos todo" y que "el resto no haga un muy pequeño esfuerzo" para poder hacer frente a la fianza.
Mas ha animado a quienes participaron en el 9N a "ayudar un poco" con una aportación a la "caja de solidaridad" promovida por las entidades soberanistas para afrontar este tipo de pagos.
Además, el expresidente catalán ha denunciado que con sus "amenazas y represión" para intentar impedir un referéndum el 1 de octubre, el "Estado español ya ha perdido a Cataluña".
Mas ha destacado que el soberanismo catalán responde con "movilización y civismo" a un "Estado de represión policial" que "está consiguiendo perder a la mayoría del pueblo catalán".
Según Mas, "administrativamente aún no" ha perdido a Cataluña, pero sí desde el punto de vista de la "identificación con un proyecto común" porque incluso muchos catalanes no independentistas se sienten "profundamente decepcionados" con un Estado al que "le ven todas sus indecencias en carne viva".
Mas ha expresado su "decepción" con los socialistas: "Puedo entender perfectamente que estén en contra de la independencia. Lo que no puedo entender es que ante un ataque a la democracia tan letal como se está produciendo, un ataque a los derechos civiles y fundamentales de la gente, el PSOE y el PSC hagan la pelota" al Gobierno de Mariano Rajoy.
Para Mas, la Unión Europea tiene el 1 de octubre una oportunidad "de oro" para demostrar que se mueve más por sus "principios y valores" que por sus "intereses".
Homs considera un "despropósito" el procedimiento
Por su parte, el exconseller de la Presidencia Francesc Homs ha considerado un "despropósito" el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas porque "es directamente ilegal, de una irregularidad absoluta".
Homs ha recalcado que "una cosa que fue juzgada no puede volver a juzgarse", por lo que, a su juicio, hay motivos "para poder actuar contra quienes están actuando de esta manera contra el Estado de derecho".
La exconsellera de Enseñanza Irene Rigau ha señalado que este proceso es un "escarmiento" para intentar disuadir a los impulsores de un referéndum el 1 de octubre, mientras que la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha denunciado la "indefensión absoluta" que siente ante el Tribunal de Cuentas.
