El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer imponer multas diarias de 12.000 euros a cada uno de los cinco miembros de la sindicatura designada por el Parlamento de Cataluña para ejercer como junta electoral en el referéndum del 1 de octubre. En el caso de los quince síndicos territoriales estas multas ascienden a 6.000 euros. El Constitucional también sanciona con 12.000 euros diarios a Josep María Jové, el "segundo" del vicepresidente Junqueras en la consejería de Economía, que permanece detenido y a quien se considera jefe de la administración electoral. A Montserrat Vidal y Roca, otra de las responsables de Economía, se le imponen 6.000 euros. Las sanciones se mantendrán hasta que ambos "justifiquen ante el tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas y paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum".
Es la primera vez que el tribunal de garantías ejerce su capacidad ejecutiva tras la modificación introducida por el PP. Las sanciones se adoptaron por unanimidad, pero tres de los doce magistrados del TC redactaron un voto concurrente en el que discrepan de la argumentación de la mayoría.
El objetivo de la multa no es sancionar sino obligar a que se cumplan la resoluciones del Tribunal y solo empezarán a imponerse, si persiste el incumplimiento, a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE.
