El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha dejado en libertad con cargos a todos detenidos por participar en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, entre ellos a los altos cargos del departamento de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
Después de que ayer la Guardia Civil dejara en libertad con cargos a ocho personas, hoy el juez lo ha hecho otras seis, entre ellas Jové y Salvadó, de forma que las catorce personas detenidas anteayer por organizar este referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional están en libertad provisional.
En un principio, el juez imputa a todos los detenidos los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, aunque en las órdenes de detención la Guardia Civil atribuían a algunos de ellos el de sedición, castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.
Tanto a Salvadó, que es también secretario general adjunto de ERC, como a Jové, ambos parte del núcleo duro del departamento de Economía que dirige Oriol Junqueras, les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente.
El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y varios consellers y cargos de ERC se han desplazado hasta la Ciutat de la Justícia para apoyar a Salvadó y a Jové, cuyas defensas han solicitado la recusación del juez instructor por cuestionar su imparcialidad, una petición que resolverá la Audiencia de Barcelona.
Sin declarar
Los seis detenidos que han pasado hoy a disposición judicial se han acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
No han contestado, por tanto, ni las preguntas de la Fiscalía ni las del propio juez instructor, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.
Tras comparecer ante el juez, han quedado libres, también con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat.
También han quedado en la misma situación el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, y el trabajador del Consorci d'Administració Oberta Juan Manuel Gómez.
En su causa, el magistrado investiga si el Govern ha gastado en los preparativos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).
El Govern da por finalizado el trabajo de la Sindicatura
Por otra parte, la Sindicatura Electoral, órgano clave encargado de supervisar el referéndum del 1-O, cederá el relevo a "otros entes de observación" a petición del Govern, que da ya por finalizados sus trabajos, tras las multas impuestas por el Tribunal Constitucional (TC), han explicado a Efe fuentes de la Generalitat.
Ayer, el TC decidió multar con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales del 1-O, que según la ley del Referéndum debían desempeñar unas funciones análogas a las de una junta electoral.
Justamente, hoy el gobierno de Carles Puigdemont ha acordado destituir de su cargo a Jové, detenido como uno de los organizadores del 1-O, para librarlo de la multa prevista por el TC, si bien formalmente no puede hacer lo mismo con los miembros de la Sindicatura Electoral, porque fueron nombrados por el Parlament.
El Govern, han señalado las fuentes consultadas, "agradece" a la Sindicatura Electoral de Cataluña la "finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum" y pide a sus miembros que cedan el testigo a "entes públicos, académicos e internacionales", para que "sigan observando el desarrollo efectivo" del 1-O, suspendido por el TC.
Asimismo, el ejecutivo catalán denuncia la "ofensiva autoritaria de los organismos político-judiciales del Estado español contra un ente electoral escogido por el Parlament e integrado por profesionales académicos de reconocido prestigio".
A los síndicos electorales, señalan desde el Govern, se les quería "imponer más de dos millones de euros de multa por seguir desarrollando sus funciones como organismo independiente", mientras "están siendo perseguidos penalmente por una querella de la Fiscalía".
Esta petición, han explicado fuentes de la Generalitat, "ha sido atendida" por la Sindicatura Electoral, que "formalizará la renuncia de sus miembros hoy mismo para ceder el testigo de observación del referéndum a otros entes públicos y académicos que se comunicarán en los próximos días".
El gobierno catalán sigue asumiendo "todas las funciones" como administración electoral, así como la "coordinación con otras instituciones catalanas que serán seguidas por las dos misiones de observación internacional y las decenas de visitantes que ya han sido acreditados para garantizar el normal funcionamiento del referéndum".
Según la Generalitat, el traspaso de funciones de la Sindicatura Electoral no merma las "garantías" del 1-O, porque "todos los procesos y medios que lo sostienen ya han sido debidamente supervisados y validados" por este órgano.
El Govern ofrecerá asistencia a las acciones que la Sindicatura prevé elevar a instancias internacionales "por la persecución judicial y la falta de garantías procesales a los que el TC y la Fiscalía han sometido" a los síndicos electorales.
El pasado 6 de septiembre, ya de madrugada y después de aprobar la ley del Referéndum, el pleno del Parlament eligió, con el rechazo de la oposición, a los cinco candidatos presentados por Junts pel Sí y la CUP para comandar la Sindicatura Electoral.
Sus cinco miembros han sido: Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UB, que ha presidido el órgano; Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat desde febrero de 2016; la abogada Marta Alsina; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF; y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la UAB.
