El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer que el Gobierno central está dispuesto a negociar una mayor oferta de dinero y autonomía financiera para Cataluña si la región desiste de sus "planes de independencia". De Guindos hizo esta propuesta en una entrevista publicada ayer por el diario "Financial Times" (FT).
"Una vez que se abandonen los planes de independencia, podemos hablar", aseguró el ministro en declaraciones hechas en Madrid. "Cataluña ya tiene mucha autonomía, pero podríamos hablar de una reforma del sistema de financiación y de otros asuntos", precisó el titular de Economía.
De Guindos indicó que el Gobierno del PP estaría más abierto a la negociación de lo que lo estuvo en el verano de 2012, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió más autonomía fiscal y financiera al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al no obtenerla le avisó de que se generarían problemas, tras lo cual la Generalitat inició la espiral independentista.
"En 2012 estábamos en medio de una crisis y centrados en evitar el rescate de España, pero ahora la situación ha cambiado, tenemos más espacio fiscal, tenemos una recuperación, y eso abre nuevas oportunidades para la discusión", argumentó De Guindos.
"Suicidio" económico
El ministro sostiene que la independencia sería "un suicidio económico y financiero" para Cataluña, ya que, según sus cálculos, vería reducido entre un 20% y un 30% su crecimiento económico. En opinión del responsable de la economía española, tras quedarse fuera de la Unión Europea, Cataluña tendría que hacer frente a aranceles sobre sus exportaciones y la banca se vería en la disyuntiva de cambiar sus sedes o perder el acceso a la liquidez del Banco Central Europeo.
El FT señala, por su parte, que Cataluña representa un quinto del PIB español y genera un volumen de riqueza similar al de Portugal o Finlandia, por lo que "España también tiene sus propios intereses financieros en mantener el país integrado".
Otro miembro del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, garantizó por su parte la disposición del Gobierno a dialogar sobre "todo lo que permita una convivencia democrática entre los españoles", incluso de "reformar la Constitución", pero con una clara "línea roja": la celebración de un referéndum unilateral.
"Un referéndum en el que solo participa una parte de la población es contrario a los valores democráticos. Eso no existe en ninguna Constitución occidental", sostuvo el ministro para defender que no se trata de una "línea roja" para el PP, sino "para cualquier demócrata, porque lo que queramos ser en el futuro en España lo decidiremos entre todos".
En el ámbito parlamentario, la Mesa del Congreso dio luz verde definitiva a la creación de la comisión de reforma del Estado autonómico propuesta por el PSOE para desbloquear el conflicto, que, previsiblemente, comenzará a trabajar después del 1 de octubre, aunque la fecha tendrá que ser fijada por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y los portavoces de los distintos grupos.
Ciudadanos y ERC mantuvieron su rechazo a la comisión. Los "naranjas" lo justificaron en considerarlo un "pasteleo" con quienes están dando "un golpe a la democracia".
