Agentes de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, desmantelaron ayer la organización de la consulta secesionista del 1-O, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), en una operación, bautizada "Anubis", en el marco de la cual practicaron 41 registros en cuatro consejerías de la Generalitat (Economía, Exteriores, Asuntos Sociales y Gobernación) y varias empresas, y detuvieron a 14 personas, diez de ellas altos cargos del Govern en los que descansaba el montaje del referéndum desde que el pasado julio fue encargado al vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras.
Además, los agentes requisaron 9,8 millones de papeletas y abundante material electoral en una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona) cuyo propietario, el empresario Pau Furriol Fornells, es uno de los detenidos. Estas incautaciones se suman a los 45.000 sobres nominales (el 80% del total) que iban a enviarse para la constitución de las mesas electorales y que fueron intervenidos el martes en la empresa de mensajería Unipost, en Terrassa, así como a los 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos decomisados en días anteriores.
La operación fue ordenada de oficio -sin que mediara petición de la Guardia Civil o la Fiscalía- por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que dirige desde hace meses una investigación, aún bajo secreto de sumario, sobre los preparativos de la consulta. El origen de la instrucción se remonta a las afirmaciones del exjuez y exsenador por ERC Santiago Vidal, según las cuales el Govern habría obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes y dispondría de una partida secreta para financiar el plebiscito.
Detenidos Jové y Salvadó
Los detenidos en el departamento de Junqueras son el secretario general de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; el de Hacienda, Lluís Salvadó, que ya estaba siendo investigado; la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga, y el director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias.
En la Consejería de Asuntos Sociales, donde los registros duraron más de doce horas, fue arrestado el responsable de Proyectos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), David Palanques, y su segundo, David Franco. El responsable del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Xavier Puig Farré, perteneciente a la Consejería de Exteriores, y el director de Estrategia e Innovación del CTTI, Josuè Sallent.
Otros detenidos han sido el asesor en materia de opinión de la Consejería de Gobernación, Ignasi Sánchez, el técnico del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) Joan Manuel Gómez y el director de sistemas de Fundació.cat, Josep Masoliver, una entidad privada que gestiona el dominio .cat en catalán. Incluso se realizó una detención en Madrid: Rosa María Rodríguez Curto, directora general de servicios de la empresa T-Systems.
El presidente Puigdemont convocó una reunión extraordinaria del Govern al término de la cual leyó una declaración institucional. "El Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha aplicado de facto un estado de excepción. Las libertades están siendo suspendidas y reprimidas", afirmó. Y añadió: "El Gobierno español ha ultrapasado la línea roja que lo separaba de los regímenes autoritarios y represivos y se ha convertido en una vergüenza democrática". Sin embargo, implícitamente, asumió que la "operación Anubis" había desmantelado la organización del plebiscito. El 1 de octubre, proclamó, "saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos".
La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, tachó la operación de "golpe de Estado", pero también asumió las dificultades que ahora entraña la celebración del 1-O. Sin embargo, advirtió, "no puede haber ningún retroceso. Es implanteable que el 1 de octubre no haya urnas. Si el 1 de octubre no hay referéndum, el golpe de Estado habrá ganado". Y no quiso descartar que lo ocurrido ayer pueda precipitar una declaración de independencia.
Desde primera hora
Desde primera hora de la mañana, miles de personas se agolparon ante las diferentes sedes del Govern registradas por la Guardia Civil, especialmente ante la de Economía, en el cruce de la Gran Vía y la Rambla Cataluña. En ese punto, según datos de la Guardia Urbana (Policía local de Barcelona), se concentraban anoche cerca de 40.000 personas, cuando el resto de las protestas había concluido.
Los protestas fueron pacíficas en todo momento; se corearon lemas como "Votaremos" y "Nuestras armas son nuestras urnas" y se cantó el himno catalán, "Els Segadors". Sin embargo la tensión subió ante la sede de Exteriores, en la Vía Layetana, cuando los guardias civiles intentaban sacar cajas con documentación requisada y los manifestantes se echaron sobre ellos y sobre los agentes de los Mossos d'Esquadra que guardaban el perímetro de seguridad para intentar impedírselo.
Otro punto caliente fue la sede barcelonesa de la CUP, donde una sentada con centenares de simpatizantes dio por "ganada la batalla" cuando la Policía Nacional levantó el cerco que había montado al mediodía. Según los "cuperos", los agentes pretendían entrar en la sede sin tener orden judicial para ello, así que los militantes se plantaron para impedirlo. "Tendrán que pasar por encima de nuestros cuerpos", proclamó la dirigente Núria Gibert.
Otra nutrida protesta se desarrolló en Lérida, donde, bajo el lema "No tengo miedo", el mismo de los atentados del 17 de agosto, se dieron cita miles de personas. Al cierre de esta edición, empezaban las caceroladas en varias ciudades de Cataluña en señal de protesta por los registros y las detenciones.
