El juez que ordenó ayer la operación policial por los preparativos del referéndum investiga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.
En un auto de entrada y registro de la operación lanzada ayer, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre "actuaciones encaminadas al desarrollo de las Estructuras de Estado e independencia de Cataluña".
Concretamente, el juez busca documentación relacionada con las tres partidas presupuestarias, de 5 millones, 407.450 y 800.000 euros, que fueron aprobadas por el gobierno catalán para la celebración del referéndum y suspendidas por el Constitucional, el pasado mes de junio, después de que el Gobierno las impugnara.
En su auto, el magistrado ordena registrar los despachos particular y profesional de los investigados e inspeccionar "la totalidad de archivos, muebles y habitáculos" existentes en busca de cualquier documentación, en soporte físico o digital, relacionada con "la celebración del referéndum del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado".
El juez ordena buscar especialmente los documentos que puedan estar relacionados con "la contratación con entidades públicas o privadas" para la "planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de estructuras de Estado".
"Todo ello que permita conducir al esclarecimiento de los hechos y descubrimiento de todos los autores, colaboradores, participantes o encubridores de todas las actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado, la celebración del referéndum para la consecución de la independencia de Cataluña y demás hechos objeto de la presente investigación (...)", prosigue el auto.
Según mantiene el magistrado, la operación policial de ayer está justificada "no solo por la gravedad de los hechos y la plena convicción de la autoría de los mismos, sino que se constata a través del minucioso relato contenido en el atestado" de la Guardia Civil.
Con la práctica de los registros, añade el juez, se pretende "localizar y asegurar documentación y efectos" y obtener información de interés para la causa, al tiempo que evitar la "posible destrucción de pruebas" así como la ocultación de "fondos procedentes de la actividad presuntamente delictiva" o de "información que vincule a otras personas con la trama".
Además de la información almacenada en los dispositivos informáticos, el juez ordenó a los guardias civiles intervenir "cualquier dispositivo de comunicación o electrónico" que tuvieran consigo los detenidos y realizar un volcado del contenido de los aparatos, de ser técnicamente posible.
"Del mismo modo se autoriza la adopción de cualquier medida (inclusive la detención), contra todos aquellos que trataren de impedir, obstaculizar y evitar la practica de las diligencias acordadas en esta resolución", añade el auto de entrada y registro.
En su resolución, el magistrado argumenta que haya declarado el secreto de sumario de la causa por la necesidad de "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación y, además, por la relevancia pública de los investigados, a los que debe preservarse su bien nombre y crédito personal (...)".
De juez condecorado por el Govern a azote del referéndum
Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez al que el independentismo ha erigido en su bestia negra por ordenar la detención de cargos del Govern claves en los preparativos del 1-O,detención de cargos del Govern claves en los preparativos del 1-O es un ingeniero sin afiliación a ninguna asociación judicial al que la Generalitat condecoró el año pasado en el Dia de les Esquadres de los Mossos.
De 70 años, Ramírez Sunyer se enroló en la carrera judicial cuanto tenía 44, tras aprobar las oposiciones, y fue juez en Terrassa, Sant Boi y Badalona (Barcelona) hasta recalar en 2013 en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde podrá ejercer dos años más dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha permitido retrasar su jubilación.
Ramírez, un juez que durante años ha pasado desapercibido para los medios y al que los abogados que lo han tratado tildan de discreto, ha saltado a las portadas en las últimas 24 horas por lanzar la operación que ayer desplegó la Guardia Civil contra altos cargos del Govern responsables de los preparativos del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).
El juez que ahora algunos ven como azote del independentismo -el mostrador de su juzgado en la Ciudad de la Justicia ha amanecido hoy con decenas de claveles- investiga los preparativos del referéndum porque, por orden de reparto, asumió el pasado mes de febrero una denuncia contra el exsenador de ERC Santi Vidal por afirmar que el Govern tenía "camuflada" una partida de 400 millones de euros para organizar la consulta.
Menos de un año antes, en abril de 2016, Ramírez Sunyer recibía una de las condecoraciones que los Mossos d'Esquadra conceden con motivo del Dia de les Esquadres y que suelen distinguir a jueces y fiscales que hayan destacado por alguna operación policial relevante.
Y eso que, en 2015, el juez había admitido a trámite una querella que una asociación había presentado contra el entonces director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, por no impedir una pitada al himno nacional en el Camp Nou, denuncia que también se dirigía contra el expresidente catalán Artur Mas y que acabó archivando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando le llegó a las manos.
Por otras de sus resoluciones, Ramírez Sunyer ha estado en el punto de mira de los grupos antisistema y los movimientos sociales, especialmente cuando en mayo de 2014 dictó prisión provisional para un "casteller" detenido por los incidentes de Can Vies que, meses después, acabó siendo absuelto.
También en octubre de 2005, el juez envió a prisión a dos jóvenes acusados de haber atacado con cócteles molotov una comisaría del barrio barcelonés de Sants y que, como en el caso del "casteller" de Can Vies, acabaron siendo absueltos, pese a lo cual provocó protestas entre sectores antisistema.
De hecho, un grupo anarquista autodenominado "Las Brigadas de la Cólera" reivindicó en 2006 el envió de una carta bomba dirigida a Ramírez Sunyer, que fue desactivada por los Mossos d'Esquadra en la oficina de Correos.
