La Fiscalía Anticorrupción planea pedir al juez que instruye el "caso Lezo" la citación como investigado (imputado) del expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por el presunto desfalco en la compra, en 2001, de la colombiana Inassa por el Canal de Isabel II, y lo hará una vez termine de analizar la documentación incautada.
El fiscal ya pidió al juez que investigara a Gallardón a finales del año pasado por esa operación, valorada en unos 70 millones y que estuvo controlada por él o por "su gente".
Gracias a su petición en 2016, los fiscales frenaron la prescripción del delito, ya que la compra la había acordado quince años antes un Consejo de Gobierno presidido por Ruiz-Gallardón por unos 83 millones de euros, cuando el valor de la empresa era mucho menor, según alegan los investigadores.
Las acusaciones contra Gallardón se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 al también expresidente madrileño Ignacio González (actualmente en prisión por el caso) con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".
"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", dice Ignacio González en la conversación intervenida.
Por otro lado, la misma fiscalía, que ejerce la acusación en el "caso Púnica", ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que el principal imputado en esta comunidad, el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez, sea juzgado por un jurado popular.
