Tarde frenética la de ayer a cuenta del desafío soberanista en Cataluña. El Tribunal de Cuentas citó para el próximo día 25 en Madrid a once ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos el expresident Artur Mas, a los que reclama que abonen 5,12 millones, los mismos que, según los cálculos de la corte, se gastaron en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.
La reacción no se hizo esperar. El presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, comparecieron para acusar al Gobierno de dar "un salto cualitativo en su estrategia desesperada" de fomentar el "miedo" para evitar la consulta anunciada para el 1-O.
Pero Puigdemont fue todavía más lejos y afirmó que esta semana el Parlament aprobará la ley del referéndum y que el Govern convocará la consulta en un decreto que se espera que firmen todos los consejeros.
Hasta ese momento había dudas de que la Cámara sometiera a votación la ley que ampara la cita del 1 de octubre en el Pleno ordinario que empieza hoy y concluye mañana. Máxime cuando, para sembrar más confusión, los grupos de Junts pel Sí (JxS) y la CUP habían convocado poco antes un Pleno extraordinario para el viernes sin explicar los motivos y en términos muy vagos: "Valoración de la acción política de Gobierno actual y previsiones".
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado a la Mesa hoy una hora antes del comienzo del pleno ordinario, pero en el orden del día no figura ni la ley del referéndum ni la de transitoriedad jurídica.
Además de Artur Mas, entre los citados por el Tribunal de Cuentas están los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs -inhabilitados como él por el 9-N- y otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat. Uno de ellos es el exconsejero Jordi Baiget, que precisamente fue forzado a dimitir después de reconocer públicamente que temía que le embargaran patrimonio.
Investigación
En junio, la Fiscalía presentó un informe al Tribunal de Cuentas en el que apoyaba la apertura de una investigación contra Mas, Ortega, Rigau y Homs para determinar su responsabilidad en el gasto de 5 millones en el 9-N.
El origen de las citaciones del próximo 25 de septiembre es un escrito de diversas entidades que solicitaron la incoación de esa investigación por el uso de dinero público en el proceso participativo. Una de ellas Sociedad Civil Catalana (SCC), informa "Efe".
Las entidades soberanistas han pedido a los catalanes que hagan aportaciones a la "caja de resistencia" para sufragar la fianza que el Tribunal de Cuentas reclama a los once ex altos cargos.
