La crisis abierta en Podemos por la suspensión de la presidenta de su Comisión de Garantías, Olga Jiménez, ha llegado a los tribunales. Jiménez fue suspendida en agosto tras anular el régimen sancionador fijado en los nuevos y polémicos estatutos del partido, redactados por la dirección encabezada por Pablo Iglesias. Ahora, un grupo de militantes encuadrados en la corriente minoritaria Profundización Democrática, con presencia en seis comunidades autónomas, ha presentado una demanda para que se declaren nulos los estatutos, al considerar, igual que Jiménez, que "alteran el espíritu y la letra" del mandato aprobado por los militantes y afiliados en la Asamblea General de Vistalegre II.
En respuesta a la demanda, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha pedido que se deje trabajar a la Comisión de Garantías -que dirime la suspensión de Jiménez-. Cree que las personas con responsabilidades en Podemos deben "oír, ver, callar y respetar lo que diga la Comisión".
