La presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, Olga Jiménez, fue suspendida ayer de su cargo al frente de este órgano, que instruye ahora un expediente en su contra por entender que se ha "excedido" en sus funciones.

Esta suspensión se produce como resultado de un conflicto interno en Podemos que comenzó hace unos días, cuando la Comisión de Garantías presidida por Jiménez emitió una resolución pidiendo la nulidad de los nuevos estatutos del partido, por no corresponderse con los documentos que se aprobaron en Vistalegre II.

En dichos estatutos, la Ejecutiva de Podemos establece un nuevo régimen disciplinario con sanciones para quienes filtren información interna del partido. Concretamente, se establece la sanción de inhabilitación de entre seis meses y dos años para quienes filtren información interna que "comprometa" al partido. Este tipo de infracción pasa a ser considerada grave, categoría que solo castigaba la propagación de "noticias falsas que desprestigien a Podemos" y a sus órganos de gobierno, y que ahora incluye también las "noticias manipuladas".

Además, el partido morado añade como nueva infracción grave la "indisciplina pública" hacia las "legítimas decisiones" de los órganos competentes del partido de Pablo Iglesias.

Jiménez, abogada laborista, cuestionó estas nuevas normas y consiguió el apoyo de cinco federaciones autonómicas del partido, así como el de medio centenar de dirigentes autonómicos y locales, que suscribieron su comunicado antes de que fuera cesada.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, rechazó en los pasillos del Congreso valorar la suspensión de Jiménez y se limitó a señalar que todo se ha desarrollado "conforme a las decisiones colectivas".