El aeropuerto barcelonés de El Prat funcionó ayer con normalidad en el primer día de la huelga total e indefinida de los trabajadores de seguridad, gracias al despliegue por el Gobierno de efectivos de la Guardia Civil y al cumplimiento de los servicios mínimos impuestos por el Ejecutivo. Estos servicios, del 90%, fueron considerados "abusivos" por el comité de huelga.

Los tiempos medios de espera oscilaron a lo largo de la jornada entre los diez y los veinte minutos, demora muy inferior a la registrada la pasada semana durante los paros parciales de los empleados de la empresa Eulen. El Gobierno, se reunirá de forma extraordinaria mañana, miércoles, para preparar el arbitraje del conflicto mediante un laudo de obligatorio cumplimiento. La huelga indefinida fue aprobada el domingo por la asamblea de trabajadores de Eulen.

El recurso a la Guardia Civil ha suscitado fuertes críticas desde diversos sectores. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) explicó que los agentes se sienten "utilizados" por el Gobierno que, a su juicio, "utiliza a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego".

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), se explicó que los agentes asumen que la Guardia Civil "tenga que ir" a cubrir tareas de seguridad, pero se pidió que "no se vulneren los derechos de los trabajadores".

El comité de huelga de Eulen presentó ayer mismo varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por presuntas vulneraciones del derecho a la huelga y otras incidencias relativas a las condiciones de trabajo. El comité denuncia que algunos trabajadores que estaban de baja o de vacaciones recibieron instrucciones de la dirección de la empresa para acudir a su puesto de trabajo a cumplir los servicios mínimos. El comité también ha denunciado presiones de la Guardia Civil sobre algunos trabajadores durante el ejercicio de sus funciones.

Los sindicatos UGT y CC OO aseguraron que el Gobierno está violando el derecho a la huelga de los trabajadores. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, denunció igualmente un atentado contra el derecho a la huelga y aseguró que el uso de la Guardia Civil "no deja de ser una forma de esquirolaje". Ábalos añadió que "es evidente que (el Gobierno) ha estado al margen del conflicto como si fuera una cuestión de una empresa privada". El dirigente socialista subrayó que, aunque se trata de un servicio privatizado, sigue siendo un servicio público y, por tanto, la responsabilidad es del Ejecutivo.