Los recientes ataques "antiturismo" en Barcelona y Palma de Mallorca por parte de la organización juvenil Arran, de extrema izquierda independentista y vinculada a la CUP, desatan una condena general por parte de instituciones y grupos políticos.

El PP acusó ayer a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de guardar un "silencio cómplice" con los atacantes de Arran, a la que compara con Batasuna, y exige a la Generalitat medidas para acabar con su "violencia callejera".

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, condenó "sin matices" estos ataques y se apresuró a desvincularlos del proceso soberanista , algo "absolutamente pacífico" con lo que no tienen "nada que ver".

Igualmente, el Ayuntamiento de Barcelona, que también se personará en la causa, calificó estos brotes de radicalidad como "expresiones de xenofobia". El alcalde en funciones de la ciudad, Jaume Collboni, exigió además a la CUP que denunciasen "de forma explícita" la violencia de estos actos, cosa que no sucedió. Collboni matizó sus palabras dos días después, afirmando que estos ataques eran un "brote puntual" cuya polémica "no se debe alimentar".

La CUP habla de desdramatizar lo que solo eran "acciones simbólicas". La formación de Barcelona defiende directamente a los "valientes" atacantes, denunció "los intentos de criminalización" y llama a "detener el capitalismo feroz" que está provocando un "barricidio".