Cataluña advirtió ayer en una nota que los funcionarios municipales serán "siempre fieles" a la Constitución ante la consulta anunciada por la Generalitat para el 1 de octubre.

El Gobierno de Carles Puigdemont sostiene que en ningún caso obligará a los funcionarios a participar en el 1-O y que creará una bolsa de empleados públicos voluntarios para poder garantizar los preparativos y el desarrollo de la votación.

La oposición, no obstante, alerta de que se está poniendo en riesgo sus puestos de trabajo y que se les coloca en una situación incómoda, algo que el Govern interpreta como una operación para generar miedo en los funcionarios e intentar boicotear la consulta.

Así las cosas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó ayer a los independentistas de "presionar" a funcionarios públicos y a alcaldes porque tienen "miedo" de asumir sus propias responsabilidades ante la consulta. Ellos "ponen las presiones" para que "las responsabilidades las asuman otros", denunció.

Entre tanto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, alertó de que la consulta que se quiere celebrar autorización del Gobierno central puede ser "unilateral respecto a la mitad del pueblo que tiene derecho a decidir". Colau dijo que la cita "tiene toda la pinta de ser una consulta hecha con prisas". "Yo no comparto el 'ahora o nunca'. No comparto el 'voto de tu vida' año tras año. Y no lo comparto porque creo que es engañar a la gente", añadió. El lunes, Colau anunció que el Ayuntamiento dará "todas las facilidades" para votar en la consulta, "sea lo que sea".

En defensa de Colau salió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que cree que las instituciones catalanas "tienen que facilitar por todos los medios" que una "movilización política legítima" como es, en su opinión, el 1-O, se pueda celebrar "con la mayor normalidad".

Sin embargo, días atrás Iglesias dijo que si él fuera catalán, no participaría en la consulta, tras la decisión de Podem, la filial catalana de Podemos, de participar activamente en el 1-O.

El Gobierno catalán acusa a Colau y a su partido, Catalunya en Comú, los "comunes", de falta de "credibilidad".