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La Fiscalía pide a Cuentas que investigue a Mas para que devuelva el dinero del 9-N

Solicita que se aclare la responsabilidad también de Homs, Ortega y Rigau en el gasto de 5,12 millones de euros públicos para organizar la consulta soberanista de 2014

10.07.2017 | 04:19
Carles Puigdemont y Artur Mas, el pasado sábado, en el consejo extraordinario del PDeCat. // A. García

El Tribunal de Cuentas se prepara para abrir una investigación al expresident Artur Mas y a otros de sus consejeros para solicitarle que devuelva el dinero gastado en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Es una petición de la Fiscalía y todo apunta a que la aceptará y que nombrará un instructor para llevar el caso.

Fue hace un mes cuando la Fiscalía presentó un informe pidiendo la apertura de una investigación contra Mas, el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones del 9-N" de 2014.

Con ese informe, el Ministerio público apoyaba la denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes que consideran que aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional, eso no les exime de su responsabilidad contable por el uso de dinero público. La Sección de Enjuiciamiento está completando las diligencias preliminares y próximamente procederá al nombramiento de un delegado instructor que asumirá el caso, según fuentes de Cuentas.

Los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de cinco millones de euros: la construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exmandatarios de facilitar la logística y todos los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

En la denuncia señalan como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado Constitucional".

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos, que ya fueron sentenciados por la vía penal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau, Francesc Homs fue juzgado por el Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado, e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

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