Carles Puigdemont reabrió ayer el "frente fiscal" para presionar al Gobierno y proclamó que la "nueva hacienda catalana" está ya "lista" para asumir la gestión de los impuestos estatales. Lo dijo tras anunciar que, a partir del 1 de septiembre, la Generalitat se hará cargo de todos los tributos propios y cedidos; así, los de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones.
"Estamos listos para asumir el resto de nuestros impuestos que aún pasan por la Agencia Tributaria española", avisó después el presidente catalán, cuyos planes de celebrar una consulta unilateral de autodeterminación el 1 de octubre fueron objeto de una dura descalificación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, fue muy crítico con el texto de la ley para amparar la consulta, aún pendiente de aprobación en el Parlament. Después de afear a los soberanistas que no tienen "urnas, ni censo, ni junta electoral", el portavoz resumió así las deficiencias de la norma: "Si solamente votase una persona, su voto valdría para proclamar lo que denominan la república independiente de Cataluña". Y es que la ley presentada esta semana por Puigdemont no fija porcentajes mínimos de participación ni de diferencia en votos para validar la consulta. Una ley que, al decir del Gobierno, "no busca la ruptura con España, sino la ruptura en Cataluña".
Además, el portavoz se refirió a las "iniciativas legislativas" anunciadas el jueves por el PSOE al término de la entrevista entre Rajoy y Pedro Sánchez: el líder socialista "no puso de relieve ninguna de ellas" en el encuentro, no obstante lo cual el Ejecutivo las estudiará "con muchísimo gusto", dijo Méndez de Vigo. Eso sí, "nos gustaría conocer la iniciativa y no hablar en abstracto".
Sin embargo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, opina que cualquier iniciativa llega "tarde" y el "choque de trenes ya es inevitable".
