El expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, se sentará en el banquillo de los acusados en una fecha aún por determinar para responder por dos delitos de fraude y uno de prevaricación, presuntamente cometidos durante el proceso de contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, en la época en la que el exmandatario autonómico era alcalde de esa localidad.
Así lo decidió ayer el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el conocido como "caso Auditorio", Julián Pérez Templado, al acordar la continuación del proceso contra Pedro Antonio Sánchez, a la vista de las actuaciones remitidas por el juzgado de Instrucción de Lorca y una vez practicadas las diligencias necesarias
En concreto, al expresidente murciano y aún diputado autonómico del PP se le procesa por un delito de prevaricación continuada, otro de fraude en la obtención de ayudas públicas y un tercero de prevaricación o fraude de dineros públicos.
Tras esta resolución, siempre que alcance firmeza, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen diez días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación", concluye la parte dispositiva del auto.
El instructor del "caso Auditorio" también ordena que el procedimiento siga su curso contra otras dos personas: el arquitecto Martín Lejarra, responsable del proyecto y ejecución de la obra, y Vicente Gimeno, representante legal de la constructora. Considera a ambos cooperadores necesarios en el delito de prevaricación o fraude de fondos públicos.
Portavoces
Los portavoces parlamentarios Rafael González Tovar (PSOE), Miguel Sánchez (C's) y Óscar Urralburu (Podemos) en el Parlamento murciano exigieron a Sánchez que entregue su acta de diputado tras su procesamiento.
Sin embargo, el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, negó que tal decisión sea necesaria, dado que no se trata de "una sentencia firme" y, además, acredita que "nadie ha metido la mano" en el proyecto del auditorio.
Sánchez dimitió el pasado 4 de abril, cuando ya estaba imputado, para evitar que una moción de censura pactada, según él, entre Podemos, C's y el PSOE arrebatara al PP el poder en la región.
