Puigdemont: "No habrá choque de trenes, uno quedará en vía muerta y el otro seguirá"

El Govern anuncia que el plebiscito que quiere convocar contará con "garantías añadidas", como una "misión de observación internacional" que contará con "expertos y personalidades políticas"

05.07.2017 | 01:31

"Aunque gane el 'no', nada volverá a ser igual", prometió ayer el president Puigdemont en la sesión vespertina para presentar la ley del referéndum que quiere convocar para el 1 de octubre. Y dijo más: ese día "no habrá choque de trenes", sino que "un tren se quedará en vía muerta y otro seguirá su marcha".

El segundo acto del día sobre la consulta del 1-O consistió en una escenificación en el Teatro Nacional de Cataluña, con más de 800 invitados, el Govern en pleno en el entarimado y un tono que osciló entre la arenga y la promesa de garantías democráticas que ningún orador llegó a detallar satisfactoriamente.

"Daremos un ejemplo al mundo, haremos posible este voto decisivo", dijo, por ejemplo, Puigdemont. Y a continuación, un reproche a Mariano Rajoy: "El no hacer nada, el no proponer nada... lo único que decide cambios es el voto de la gente".

Oriol Junqueras, el vicepresident, insistió en las promesas y aportó novedades: "Será un referéndum con garantías añadidas, como la sindicatura electoral y la misión de observación internacional". Y a punto y seguido, el reproche: "Este referéndum se celebra con la oposición descarnada del Estado. A sus déficits democráticos respondemos con más garantías".

Antes habían intervenido dos ponentes de la ley, Marta Rovira (ERC) y Jordi Turull (Junts pel Sí). La primera habló del derecho a la autodeterminación, "que ha evolucionado" mucho en los últimos años; tanto como para ser aplicable en Cataluña, una comunidad autónoma altamente descentralizada. Y añadió información sobre "la misión de observación de carácter internacional": contará con "expertos y personalidades políticas".

Sobre el censo, la nueva ley recoge que lo elaborará el Govern, lo validará la sindicatura electoral y, a diferencia del 9N, no requerirá autorización previa de los ciudadanos -en el 9N el ciudadano debía autorizar su inclusión justo antes de votar-.

Las mesas electorales se configurarán mediante sorteo público de entre todos los censados, que tendrán la obligación de participar, como en cualquier votación electoral.

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