Los partidos independentistas catalanes, Junts pel Sí (JxS) y la CUP, presentaron ayer el texto de la ley que llevarán al Parlament para su aprobación y con la que quieren amparar jurídicamente la consulta unilateral de autodeterminación que han prometido convocar para el 1 de octubre. Lo hicieron por partida doble: por la mañana, en el auditorio del Parlament -que no en la Cámara- y, por la tarde, en el Teatro Nacional de Cataluña. La normativa prevé declarar la independencia en el plazo máximo de 48 horas si gana el "sí"; en caso contrario, se convocarán elecciones autonómicas inmediatamente.
Otra cosa son los porcentajes: la ley no establece un mínimo de participación para que la consulta sea vinculante, como sus promotores pretenden, y se limita a decir que si el recuento "da como resultado más votos afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña". Así, en teoría, bastaría con que el "sí" obtuviera un voto más que el "no" para que el Parlament declarara la independencia.
El Gobierno de Mariano Rajoy tachó el texto de "manifiestamente antidemocrático" y quiso garantizar que nunca entrará en vigor porque contraviene tanto la Constitución como el Estatut. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que "al Estado le bastan 24 horas para recurrirla y obtener su paralización".
"La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas puede declarar la independencia, pero una cosa está clara, que el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización".
La legislación, según sus ponentes, establece "un régimen jurídico excepcional", el necesario para "regular y garantizar el referéndum de autodeterminación de Cataluña", y se ampara en sentencias del Tribunal Internacional de La Haya y en legislación de la ONU. La ley del referéndum, además, "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto" con ella, para blindarse ante una posible suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
También ampara "a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente" en la preparación y celebración de la consulta.
El texto prevé la creación de la Sindicatura Electoral, como sustitutiva de la Junta Electoral, y un censo parecido pero no idéntico al de las elecciones autonómicas.
El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, consideró "deseable" que la Fiscalía actuara ya contra la ley, que tachó de "golpe de Estado" que busca "la suspensión de la autonomía" de Cataluña.
Para el portavoz de C's en el Parlament, Carlos Carrizosa, la futura ley arroja "más dudas" para los funcionarios, puesto que "el Govern no pretende cumplir las leyes vigentes".
El portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, advirtió que el texto "vulnera" el Estatut, "ignora" la legalidad internacional y "se confronta" a la española.
